La Guardia Civil ha detenido a tres farmacéuticos e imputado a 23 médicos supuestamente implicados en una trama que cargaba fármacos de elevado coste, en su mayoría anticancerígenos, a tarjetas de pensionistas y los vendía en el mercado negro para aumentar el rendimiento de los deportistas. Esta actividad delictiva ha supuesto, ha informado hoy el instituto armado, un fraude de medio millón de euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a Muface, ya que algunos de los fármacos que cargaban en las tarjetas tienen un valor superior a los 5.000 euros.
La operación, denominada "Apoteque", se inició a finales del pasado año en las localidades malagueñas de San Pedro de Alcántara y Almargen tras detectarse que una farmacia dispensaba una elevada cantidad del fármaco Rubifén, muy superior a la media. Tras analizar el resto de las ventas, los agentes del equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil comprobaron que el establecimiento despachaba un gran número de fármacos anticancerígenos, susceptibles de venderse en el mercado negro para aumentar el rendimiento de deportistas.
El cabecilla de la trama era un empleado de esa farmacia que utilizaba las tarjetas sanitarias de pensionistas clientes para cargar en ellas los medicamentos, que este trabajador retiraba después del establecimiento.
Ninguno de los titulares de las tarjetas sanitarias -pensionistas exentos de pagar por los medicamentos- había solicitado ni recibido esos fármacos y nunca habían padecido las enfermedades para las que estaban indicados. Incluso, tal y como pudieron comprobar los investigadores, se llegaron a prescribir a hombres fármacos indicados para el cáncer de mama (Letrozol y Anastrozol, por ejemplo) y a mujeres medicinas para el cáncer de próstata (Bicalutamida).
Fuentes de la investigación han recordado a Efe que los médicos, como es preceptivo, tenían que firmar las recetas y no seguían los protocolos marcados de observar al paciente o revisar su historial clínico. De todos modos, algunos facultativos se percataron de que, aprovechando su confianza, se habían prescrito gran cantidad de medicamentos caros, por lo que el cabecilla dejó de usar ese procedimiento.
Pero no cejó en su actividad delictiva y consiguió la dispensación de esos fármacos y de ciertas sustancias anabolizantes como Wistrol y Depot, mediante la presentación de informes clínicos falsificados y recetas privadas también falsas. Lógicamente, como los fármacos se dispensaban a nombre de pensionistas, el importe de los mismos era satisfecho por el SAS o por Muface, según los casos, por una cantidad de unos 500.000 euros.
FÁRMACOS POR VALOR DE 60.000 EUROS
Durante el registro de la vivienda del principal encausado, se encontraron diversos fármacos por valor de 60.000 euros, entre ellos el Sutent, indicado para el tratamiento del cáncer y cuyo envase de 50 miligramos cuesta 5.312 euros. También se encontraron once sellos falsificados a nombre de médicos, varios talonarios de recetas de Muface, más de cien del SAS con su correspondiente cupón precinto y material informático con el que se habían llevado a cabo las falsificaciones de los informes médicos.De los detenidos e imputados, 20 son españoles, dos italianos, dos cubanos, un rumano y un serbio.
Los tres detenidos están acusados de delitos contra la salud pública por despachar medicamentos sin cumplir las formalidades previstas y por traficar con sustancias dopantes, así como de falsedad documental, usurpación del estado civil y estafa. Por su parte, los 23 médicos han sido imputados como cooperantes necesarios al no cumplir con los protocolos básicos establecidos, como la observación del paciente o la revisión de su historial clínico.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos y para el cabecilla se decretó prisión eludible con fianza de 75.000 euros.
