La Guardia Civil ha desmantelado la mayor red de tráfico ilícito de medicamentos en una operación con 30 detenidos y 2 imputados, en la que se han practicado 28 registros en farmacias, almacenes de distribución de medicamentos y domicilios de Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia.
Según ha informado el Instituto Armado, la organización obtenía los medicamentos en farmacias españolas como si fuesen destinados para pacientes y posteriormente los vendía en el extranjero a precios muy superiores, que en algunos permitía obtener un beneficio de hasta el 800 por ciento sobre el precio de venta en España.
Sólo en las farmacias investigadas en Aragón se ha detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros. Este tipo de venta ilícita podría haber provocado problemas de desabastecimiento en España y que algunos pacientes no pudieran acceder a su medicación, lo que habría puesto en riesgo su salud.
OPERACIÓN CONVECTOR
En esta operación, denominada Convector, han sido detenidos 30 integrantes de la red y se ha imputado a otros 2 por delitos contra la salud pública (tráfico de medicamentos), falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y de pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició tras conocer el tráfico ilícito de medicamentos que se detectó en el informe elaborado por el Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud en la operación Pharmakon, llevada a cabo también por la Guardia Civil en Teruel.
Tras analizar la actividad económica y los suministros de medicamentos de las 739 farmacias de Aragón, los agentes sospecharon de la implicación de 14 boticas de Teruel y de Zaragoza en el tráfico ilícito de medicamentos.
Unas de las farmacias actuaban junto con dos almacenes de distribución mayorista de medicamentos, ubicados en Granada y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que tras registrarlos se precintaron, y otras se abastecían de dos mayoristas de medicamentos, ubicados en la provincia de Valencia, que ya habían sido registrados por hechos similares tras la denuncia de una botica de Pamplona.
Asimismo, se detuvo al encargado de captar a los farmacéuticos y facilitar los contactos necesarios para desviar los medicamentos del canal legal, que residía en Tortosa (Tarragona).
Por otro lado, se registraron oficinas de farmacia ubicadas en la provincia de Zaragoza y se localizaron en Granada y Málaga tres almacenes mayoristas de medicamentos que utilizaban distintos procedimientos para justificar la salida de los fármacos.
El modus operandi utilizado era el conocido como "distribución inversa", consistente en la venta legal de un número determinado de medicamentos que un almacén distribuidor o laboratorio realizaría a una o varias farmacias.
Éstas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño número de medicamentos para su dispensación a los pacientes y el resto eran enviados al almacén distribuidor, que los depositaba en almacenes legales o ilegales que se encargaban de la venta a países de la UE (Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia) y terceros países.
La red obtenía los medicamentos en las farmacias, puesto que el precio de los fármacos dispensados en España es mucho más barato que los que se destinan a la venta mayorista en el extranjero.
EL LISTADO DE MEDICAMENTOS VARIABA CADA MES
Las farmacias recibían del almacén mayorista implicado el listado de medicamentos a conseguir, que variaba mensualmente, y una vez conseguidos, los derivaban al almacén implicado, camuflando estas ventas mediante diferentes procedimientos (como productos de parafarmacia y ortopedia, simulación de devoluciones de los fármacos al almacén y a través de otros almacenes intermedios que se encargaban de venderlos a los que exportaban los fármacos).
En otras ocasiones utilizaban a intermediarios, conocidos como "bolseros", que efectuaban la compra de los medicamentos (como venta libre sin receta, o mediante receta falsa) y que luego se encargaban de transportarlos hasta a los almacenes de la trama para su posterior venta en el extranjero.
A su vez, el almacén implicado se encargaba de venderlos fuera de España y llegaba en algunos casos a obtener un beneficio del 800 % sobre el precio de venta en España. La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes, ya que habitualmente no existen facturas ni justificantes para evitar dejar constancia del comercio irregular.
En la operación, dirigida por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, han participado agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel, en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, la Agencia Tributaria en Teruel, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
