El jurado popular ha declarado culpables a los padres acusados de asesinar a sus dos hijos en Godella (Valencia). Los nueve miembros del jurado han adoptado por unanimidad la decisión de que María G., la madre, causó la muerte “sin posibilidad de defensa” de los niños, mientras que por ocho votos a uno creen que el padre, Gabriel C. también es responsables de los asesinatos.
Consideran, no obstante, que la madre no era consciente de lo que hacía porque en el momento de los hechos se hallaba inmersa en un brote agudo de esquizofrenia paranoide que no le fue diagnosticado hasta que ingresó en prisión. Por eso ella es inimputable y se enfrenta a 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico, mientras que su marido podría ser condenado a 50 años de cárcel, 25 por cada uno de los asesinatos.
El jurado establece, además, que ninguno de los dos debería poder acogerse a beneficio penitenciario alguno durante el cumplimiento de la pena y que tampoco podrán ser indultados.
De esa manera, el jurado considera probado que Amiel e Ixchel, de tres años y medio y seis meses, respectivamente, murieron como consecuencia de un ritual de purificación a manos de sus padres, que los golpearon hasta la muerte durante la madrugada del 13 al 14 de marzo de 2019, tas lo cual fueron enterrados en el jardín de la casa de campo que la familia ocupaba ilegalmente.
A lo largo del juicio, los testigos explicaron que la pareja tenía creencias místicas delirantes y que pensaban que estaban siendo perseguidos por una secta que pretendía abusar de sus hijos y matarlos. De Gabriel han llegado a decir que se creía Jesucristo y que consideraba que los miembros de su familia eran parte de los Doce Apóstoles.
Los nueve miembros del jurado han deliberado sobre el veredicto desde el pasado miércoles y en su decisión se adhieren a las tesis de la Fiscalía, que pide para el padre 50 años de cárcel por un delito de asesinato con agravante de parentesco, de los que cumplirá como máximo 40 años en prisión. Para la madre solicita 25 años de internamiento psiquiátrico. Además, solicita una indemnización de 300.000 euros para los abuelos paternos y los maternos.
El abogado de Gabriel ha solicitado la pena mínima para su cliente y el de María ha pedido que la condenada sea ingresada en un centro de salud mental concreto en el que ha encontrado plaza, durante un periodo máximo de siete años. Ahora está en manos del juez dictar la sentencia correspondiente.