El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la compañía de alquiler de vehículos Avis con una multa de un millón de euros por aplicar una práctica que considera abusiva para sus clientes.
La empresa cobraba entre 33,88 y 45 euros a los usuarios que recibían una multa de tráfico mientras tenían alquilado uno de sus vehículos. El dinero se cobrada en concepto de gastos de gestión de la sanción administrativa.
Según ha explicado el Ministerio, Avis cobraba este importe por identificar ante la Administración a la persona que había cometido la infracción y realizar las gestiones relacionadas con la multa. Sin embargo, Consumo considera que se trata de actuaciones que la compañía está obligada a realizar por ley y que, por tanto, no puede repercutir como un servicio adicional al cliente.
La resolución concluye que esta cláusula es abusiva al vulnerar varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En concreto, Consumo considera que obliga al consumidor a pagar por una actuación derivada de una obligación legal de la empresa y que supone «una carga económica desproporcionada que rompe el equilibrio contractual en perjuicio de la persona consumidora».
El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea. La resolución agota la vía administrativa, aunque Avis todavía puede recurrir ante los tribunales.
La Justicia ya había cuestionado esta misma práctica. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz declaró abusiva la cláusula en una sentencia dictada el 22 de septiembre de 2020. En aquel fallo se anulaban varias condiciones generales de los contratos de Avis, entre ellas la comisión por la gestión de multas, y se ordenaba a la compañía eliminarlas, dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y no incorporarlas en los futuros.