Agentes de la Policía Nacional --en colaboración con agentes belgas y griegos, coordinados por Europol-- han desarticulado una organización que llevaba más de diez años favoreciendo la inmigración ilegal de ciudadanos procedentes de países de Oriente Medio hacia el norte de Europa mediante el uso de documentos de viaje falsos. En la operación se ha detenido a ocho personas, siete en Madrid y una en Atenas, que han ingresado en prisión.
Según ha informado la Policía, el principal responsable -de origen sirio- dirigía desde España y Bélgica las operaciones de traslado de inmigrantes por diferentes Estados de la UE, mientras que su hermano se encargaba de la elaboración y distribución de los documentos falsos.
Tanto el cabecilla como otros miembros de la organización disponían de residencia legal o incluso la nacionalidad de algún país europeo. Esto, además, favorecía los contactos entre los miembros de la organización asentados en Europa y los inmigrantes procedentes de Oriente Medio.
Otro de los pilares de la organización, el hermano del líder --residente en Grecia-- se encargaba de confeccionar los pasaportes y visados falsos que posteriormente eran distribuidos desde allí por los países de Oriente Medio de los que procedían los inmigrantes.
ENTRE 2.000 Y 3.000 EUROS POR CADA PASAPORTE
Cada documento falso proporcionaba un beneficio de más de 2.000 euros a la organización, réditos que podían incrementarse hasta los 3.000 si los trasladados solicitaban la colaboración de un "pasador" para el cruce de fronteras. El operativo se ha saldado con siete detenidos en Madrid y otro más en Atenas.
La investigación comenzó hace casi dos años cuando fue detenido un miembro de la organización, que ejercía como correo entre Atenas y Madrid transportando documentación falsificada, a instancias del que después resultó ser el principal responsable de toda la trama. Las investigaciones en torno al mismo llevaron a los agentes hasta otros miembros de la red y a los distintos países por los que se movían.
La organización se dedicaba a la captación de inmigrantes procedentes principalmente de Afganistán, Siria e Irak a los que introducía a cambio de dinero en el espacio Schengen utilizando documentación falsificada que ellos mismos elaboraban.
Los pagos por los servicios prestados se realizaban a través de empresas de transferencia de dinero, a nombre de terceras personas, con la finalidad de impedir la vinculación del dinero con los miembros de la organización.
Los agentes de los tres países han realizado simultáneamente cinco registros domiciliarios en Madrid, dos en Atenas y uno en Bruselas, en los que han intervenido más de 100.000 euros en efectivo, documentación bancaria, justificantes de empresas de transferencia de dinero, soportes informáticos y dispositivos móviles cuyo contenido está siendo analizado por expertos, así como numerosos documentos de viaje.
