La Agencia Tributaria ha completado una investigación que ha permitido desmantelar una trama de distribución de gasóleo modificado en estaciones de servicio de bajo coste para eludir los controles fiscales, una operación que se ha saldado con 43 detenciones.
También se han embargado inmuebles, vehículos de alta gama, más de un centenar de cuentas bancarias y 300.000 euros en efectivo de esta organización, que actuaba en ocho comunidades autónomas y que podría haber defraudado casi 11 millones de euros, ha informado la Agencia Tributaria.
Forma opaca
La Agencia Tributaria detalla que la organización adquiría en otros países de la Unión Europea los productos, de características prácticamente idénticas al gasóleo de automoción pero diseñados específicamente para eludir los procedimientos de control fiscal, lo que permitía su llegada a España de forma opaca.
El producto circulaba con documentos con destinatarios falsos o datos incompletos para evitar la localización de los responsables y se recibía en instalaciones ajenas al sistema de control, por lo que no era sometido a controles de calidad -se llegaban a utilizar aromatizantes para que pareciera gasóleo normal-, pudiendo causar daños en los vehículos en caso de uso continuado.
Después el producto se distribuía en estaciones de servicio de bajo coste sin haber pagado el impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitía ofrecer precios muy competitivos, y además la organización no ingresaba a Hacienda el IVA que cobraba a sus clientes.
Usaban comerciales y testaferros
La organización contaba con una red de empresas y colaboradores que cubrían toda la cadena de negocio, desde empresas que facturaban y recibían el producto a sociedades instrumentales, empresas de transporte o proveedores de aditivos, además de comerciales y testaferros.
La trama utilizaba la coacción y las amenazas, añade la Agencia, "llegando, incluso, a acudir con este fin a la conocida organización Ángeles del Infierno, considerada a nivel internacional como una auténtica organización criminal".
La organización operaba desde Alicante, pero actuaba en ocho comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra.
100 investigados
A lo largo de esta operación se han investigado a más de 100 personas físicas -en España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia- y 90 personas jurídicas -en España, Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania, Dinamarca, Malta y Lituania-.
Se han realizado actuaciones de entrada y registro en 19 instalaciones y domicilios y se ha detenido a 43 personas, de las que 10 han ingresado en prisión.
La investigación de la operación Copérnico, que se ha prolongado durante más de un año, comenzó bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela (Alicante) para después trasladarse a la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Los trabajos continúan y se han tramitado órdenes europeas de investigación de movimientos de dinero, además de abrir un expediente de cooperación judicial internacional en el marco de Eurojust.
