La soprano Montserrat Caballé ha negado ante el juez haber defraudado medio millón de euros a Hacienda en el ejercicio del IRPF de 2010 y ha mantenido que en ese año residía habitualmente en su casa de Andorra y sólo se desplazaba a Barcelona para acudir al médico.
Según han informado fuentes judiciales, la soprano ha estado declarando durante hora y media en su domicilio de Barcelona, al que ha acudido el juez que investiga la querella presentada contra ella por la Fiscalía por defraudar presuntamente medio millón de euros a Hacienda simulando que tenía residencia en Andorra.
EL JUEZ LA INTERROGA DURANTE HORA Y MEDIA EN SU CASA
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha interrogado durante hora y media a la cantante Montserrat Caballé al ser imputada por un presunto fraude fiscal de 508.562 euros.
El magistrado, que no ha hecho declaraciones a los numerosos medios de comunicación situados ante la entrada del edificio de la avenida Tarradellas, ha entrado sobre las 10.15 horas acompañado por la fiscal del caso, Carmen Martín, la secretaria judicial y un funcionario -poco antes de las 10 horas había llegado también el abogado de Caballé, Santiago Ayesta-.
La comitiva judicial, que ha salido sobre las 11.45, decidió acudir al domicilio en lugar de tomarle declaración en la Ciudad de la Justicia, como estaba previsto, después de que la médico forense avalase un certificado médico de Caballé que alegaba problemas de movilidad para no desplazarse al juzgado.
LOS HECHOS
El juez la imputó por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 508.562 euros en 2010, y tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía por un supuesto delito contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía considera que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en Andorra "a los solos efectos de no tributar en la Hacienda Pública Española", viviendo en Barcelona y desplazándose solo al extranjero por motivos profesionales. La soprano, que tiene 81 años, ya ha pagado a la Agencia Tributaria 300.000 euros de los 508.562 presuntamente defraudados.
