El plazo del Gobierno para revocar el indulto al kamikaze condenado a prisión por la muerte en 2003 de un joven, contra cuyo coche se estrelló en la autopista AP-7 en Polinyà de Xúquer (Valencia), acaba el próximo lunes, sin que la familia de la víctima haya obtenido respuesta a su petición de rectificación.
El Ejecutivo disponía administrativamente de un plazo de treinta días desde que el pasado 4 de febrero la familia de José Dolz presentara un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el kamikaze conmutaba una pena de trece años de prisión por una multa de 4.000 euros.
A punto de acabar el plazo y atendiendo a la celebración este viernes de un Consejo de Ministros tras el que no se ha sabido "nada sobre revocación alguna", la familia ha perdido sus esperanzas en que el Gobierno corrija una "cruel y absurda decisión" que "echa sal sobre una dolorosa herida".
Así se ha manifestado en declaraciones a la hermana del fallecido, Loreto Dolz, quien ha informado de que esta misma mañana ha conocido que el kamikaze "tiene al menos una multa por exceso de velocidad de 2010, cuando aún no había ingresado en prisión y tenía la privación del carné de conducir".
Según ha recordado, el escrito remitido al Ministerio de Justicia argumentaba la "falta de equidad, motivación y proporcionalidad" de la resolución del Consejo, y con él los familiares pretendían, a pesar de saber que nunca antes se ha revocado un indulto, agotar todas las vías posibles para la revocación, una medida excepcional que respondería a un indulto, "por absurdo, también excepcional".
El abogado de la familia, Agustín Ferrer, ha reconocido hoy a EFE lo "difícil" que suponía que el Gobierno diera "marcha atrás" a su decisión, a pesar de que el indulto se concedió "con todos los informes de Fiscalía, Audiencia Provincial y víctimas en contra".
Centra ahora su atención en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por este asunto, del cual, una vez presentado, se da traslado a la Abogacía del Estado, que "puede ofrecer un informe favorable a la nulidad del indulto para que así lo resuelva también el Supremo", algo que, ha dicho, "llevará tiempo".
Loreto Dolz interpreta la no revocación del indulto como una determinación "incomprensible, absurda y dañina" que no hace más que "echar sal a una herida aún abierta" y por ello se siente "triste y frustrada, como el resto de la familia".
"El dolor de una doble victimización, cuando murió mi hermano y cuando ha quedado libre el causante de su fallecimiento, es insoportable. No entendemos nada", ha confesado.
Según ha aseverado, la familia acepta "muy mal" que el Gobierno no rectifique su "equivocación" al conceder el indulto, y entiende que, al no hacerlo, "dice no a los familiares pero también a las casi ya 50.000 firmas" reunidas de personas a favor de la revocación.
"Si no nos escuchan, se equivocan y están transmitiendo un mensaje malísimo a la sociedad, el de la impunidad", ha señalado, a la vez que ha lamentado una situación que ve como "una burla".
"El Gobierno desarrolla campañas para infundir dignidad humana y enseñar seguridad vial para luego indultar kamikazes", ha lamentado indignada, y enmudece al pensar en que no va castigarse al culpable de la muerte de su hermano.
Los hechos sucedieron la tarde del 1 de diciembre de 2003, cuando el kamikaze ahora indultado conducía su vehículo por la autopista AP-7 en dirección Alicante y, tras protagonizar varios incidentes con otros vehículos, efectuó un cambio de sentido y circuló varios kilómetros en sentido contrario.
Finalmente colisionó frontalmente con un turismo en el que viajaba José Alfredo Dolz, de 25 años, y su pareja, de 21.
Como consecuencia del impacto, el chico falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo, mientras que su acompañante sufrió contusiones, fracturas y heridas que le han dejado secuelas.
