9 detenidos y 45 víctimas liberadas en una operación contra la explotación laboral

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Lhotse-Tiger' han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral con la que han conseguido liberar a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Hay un total de nueve personas detenidas --tres en Zaragoza, tres en Ávila, dos en Cáceres y una en Barcelona--, de las que tres han ingresado en prisión acusados de delitos de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La organización, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España.

La investigación ha revelado la existencia de una organización que proporcionaba trabajadores a empresas distribuidas por todo el territorio nacional, aprovechándose de su vulnerabilidad económica y de su situación irregular.

Hacinadas en viviendas con condiciones insalubres

El grupo alojaba a las víctimas, a las que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España, en viviendas con condiciones insalubres, bajo constante vigilancia y sin documentación.

Las declaraciones de las víctimas han revelado que eran traídas desde Europa oriental, que padecían una situación de extrema pobreza y que el grupo criminal les cobraba por alojarse, por transportarlas hasta sus lugares de trabajo o por conseguirles empleo.

La operación se inició en 2024 cuando se detectó a varios temporeros de origen asiático viviendo en condiciones precarias en una nave de una empresa alimentaria en Candeleda (Ávila), lo que llevó a la detención de tres personas.

Días antes se había descubierto a siete trabajadores nepalíes en situación irregular en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres), que trabajaban con documentación falsificada y vivían en condiciones deplorables.

La conexión entre ambas investigaciones condujo a una operación conjunta que permitió nuevas detenciones y la liberación de más víctimas en diferentes puntos del país.

Un sistema de explotación continuada

Los trabajadores eran obligados a pagar 100 euros mensuales al grupo criminal, además de siete euros diarios por el transporte hasta el trabajo, mientras vivían en condiciones infrahumanas.

Las víctimas dormían apiñadas en colchones, con un solo baño para todos y en estancias con graves deficiencias estructurales, sometidas a un control permanente por parte de sus explotadores.

Los criminales actuaban como intermediarios con los propietarios de las empresas para conseguirles empleo a sus víctimas, quedándose con parte de sus salarios y manteniendo un sistema de explotación continuada.

La investigación culminó con dos registros simultáneos en Caspe (Zaragoza), donde se detuvo a tres miembros del grupo criminal, incluidos los dos principales cabecillas, y se liberó a más de una veintena de inmigrantes.