Los seis miembros del grupo de "verificadores" internacionales del alto el fuego de ETA han asegurado hoy que, "a través de contactos directos", la banda armada les ha asegurado que está comprometida con el cese definitivo de su actividad declarado el pasado 20 de octubre.
Los integrantes de la "Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco" (CIV) han mantenido ayer y hoy en Bilbao contactos con políticos y agentes sociales vascos, tras los cuales han hecho público un informe sobre cómo ven la situación.
Se han reunido con representantes de PSE-EE, PNV y la izquierda abertzale, con los cuatro principales sindicatos (UGT, CCOO, ELA, LAB), la patronal Confebask, representantes de la Iglesia y "autoridades" del País Vasco, cuyos nombres no han precisado. No se han reunido con el PP, según han confirmado también fuentes 'populares'.
En estos encuentros, dicha comisión ha recibido información de que han cesado los asesinatos, atentados, agresiones, amenazas y extorsiones desde que ETA declaró un alto el fuego el 8 de enero de 2011 y anunció el fin definitivo de la violencia el 20 de octubre del pasado año.
La CIV ha opinado que ambas declaraciones "forman parte de un proceso irreversible", de manera que "ETA no tiene intención alguna de cometer u organizar actos de terrorismo o violencia en el futuro".
No obstante, ha admitido que ETA sigue siendo una organización "clandestina y armada" y, como tal, sigue cometiendo actos ilegales como la falsificación de documentos y el mantenimiento de arsenales.
"A pesar de que estos actos son ilegales, no están necesariamente relacionados con la preparación de actos violentos", han opinado en su informe los miembros de este grupo.
Según los comisionados, "a través de contactos directos" ETA ha asegurado a la CIV que está comprometida con su declaración de cese definitivo de la actividad armada.
A su vez, la Comisión ha comunicado a ETA que la posesión continuada de armas y explosivos -especialmente llevar armas personales- puede dar lugar a "situaciones potencialmente peligrosas", según las ha definido.
Además, este grupo ha asegurado que ha recibido información sobre temas que considera que "no están relacionados directamente" con el alto el fuego. Por ejemplo, se han producido "incidentes aislados" de desórdenes de tipo violencia callejera, que "han sido rechazados por todos los partidos políticos del País Vasco", han recordado.
La CIV también ha tomado nota de cuestaciones realizadas a favor de los familiares de los presos -denunciadas esta misma semana por el ministro de Interior-. "En este momento delicado es imperativo que todos actúen de forma comedida y responsable", ha aconsejado.
Se trata de la segunda visita en pleno de la comisión al País Vasco, tras la primera que se realizó al constituirse, el 28 de septiembre pasado. Se constituyó impulsada por la izquierda abertzale y el abogado sudafricano Brian Currin, cuyos trabajos en Euskadi no han sido respaldados por el Gobierno.
Para el futuro la comisión ha prometido continuar trabajando "con determinación e imparcialidad, con el objetivo de contribuir a esta oportunidad histórica de una paz duradera en el País Vasco".
La CIV está compuesta por seis personas, con experiencia internacional en procesos de paz y en seguridad: Ronnie Kasrils (Sudáfrica), Ray Kendall (Reino Unido), Chris Maccabe (Reino Unido), Ram Manikkalingam (Sri Lanka) y Satish Nambiar (India), mientras que su coordinadora es Fleur Ravensbergen.
