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La empresa que gestiona el proyecto Castor asegura que en los movimientos sísmicos inferiores a tres grados "sí que se ve una relación directa" con la inyección de gas, pero en los superiores a esta magnitud la causa "sería el movimiento de alguna falla", aunque no la de Amposta.

Así lo ha declarado a los medios en la sede del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras visitar junto a su homólogo de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, la planta del almacén subterráneo, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Soria ha asegurado que el Gobierno por su parte "solamente se guiará" por los criterios que establezcan los informes de los expertos del Instituto Geológico Minero y que, por tanto, mientras no haya ningún informe convincente sobre plenas garantías de seguridad para la población, la actividad de la planta seguirá paralizada.

En estos momentos se trabaja en determinar si puede haber riesgo para las personas: "Eso es lo que importa al Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas, la seguridad de las personas", ha manifestado.

LA PLANTA DE VINAROZ, PARALIZADA

Alberto Fabra ha dicho por su parte que lo importante es que la planta de Vinaroz está paralizada, algo que han comprobado en la visita de esta mañana a sus instalaciones.

Respecto a los movimientos sísmicos superiores a los tres grados en la escala de Richter, la empresa ha transmitido al Gobierno que hay que buscar causas distintas a las que se atribuyen a los seísmos de magnitud inferior y que, según Soria, "estarían más" en un movimiento de alguna falla.

Escal UGS descarta que estos seísmos de mayor magnitud sean consecuencia de un movimiento de la falla de Amposta, situada sobre el almacenamiento subterráneo, y, por tanto, considera que se pueden deber a otra falla.

El ministro ha insistido en que no se dará autorización adicional para que la planta pueda continuar su actividad hasta que no existan plenas garantías de seguridad para la población, y ha asegurado que la hipótesis de cierre de la planta no se ha planteado de momento.

"Ahora estamos en determinar por qué ha pasado y que en el futuro se nos pueda decir por parte de los técnicos si hay plena seguridad para la población en el caso de que se abra" el almacén, ha explicado.

Preguntado si en 2007 el Gobierno autorizó el proyecto Castor a pesar de que informes anteriores alertaban del riesgo de posibles seísmos en la zona, Soria ha asegurado que siguió la tramitación correspondiente a los procedimientos para este tipo de infraestructuras y que hubo un periodo de exposición pública.

Por ello, ha afirmado no tener motivos para decir que no se siguió un procedimiento "tal y como está reglado".

Para Alberto Fabra, el hecho de que la planta esté inactiva es una garantía para los ciudadanos.

Sobre si es un indicio de la relación entre los seísmos con la inyección de gas del almacén subterráneo que los movimientos sísmicos hayan bajado en número e intensidad tras la orden de paralización de la planta, Fabra ha señalado que ese argumento sería suficiente "para el común de los mortales" pero hay que esperar a conocer el criterio de los expertos.

Estos son, a su juicio, "los que tienen que hablar y decir por qué se han producido unos movimientos mayores de los que estaban contemplados".

Los ministros Soria y García-Margallo y el presidente de la Generalitat, así como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, han realizado la visita a las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor en un helicóptero de la Guardia Civil, que les ha trasladado a la plataforma y luego les ha devuelto a tierra.