Las comunidades sefardíes están de enhorabuena hoy, fecha que entrará en su historia como el día en que el Parlamento español aprobó la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España hace cinco siglos.
Dos años después de que comenzara el procedimiento legislativo y transcurridos 523 del edicto de expulsión de los Reyes Católicos, el Congreso dio luz verde definitiva hoy a la ley que abre la puerta a que los sefardíes accedan a la nacionalidad española en reconocimiento a un legado que ha perdurado imborrable a lo largo de los siglos.
La legislación va dirigida a los descendientes de los judíos expulsados de la península que puedan acreditar su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tengan residencia legal en ese país.
"Creo que es un gesto muy positivo, una especie de compensación menor por lo que supuso la Inquisición y la expulsión", declaró a Efe Ashley Perry, sefardí de origen británico que podría optar a la nacionalidad española.
Explica que su apellido es una deformación inglesa de "Pérez" y que puede trazar su árbol genealógico con facilidad arrancando desde España, tanto por el seguimiento de costumbres sefardíes como por el uso del ladino (la lengua de los sefardíes) en numerosas oraciones que recita a lo largo del año.
"De acuerdo a la tradición familiar, mis antepasados vivieron en Córdoba donde residieron 2000 años. Tras la expulsión en 1492 se desplazaron a Portugal, luego a Holanda para asentarse en Inglaterra hace 300 años, donde fueron de los primeros judíos que establecieron la comunidad sefardí de Londres", asegura este antiguo asesor del exministro de Exteriores israelí Avigdor Lieberman.
Aunque aún estudia si va a solicitar naturalizarse español, asegura sentir un vínculo muy profundo con España, país que nunca ha pisado. "A nivel práctico no tiene mucho significado para mí, pero a nivel histórico quizá lo considere porque es un gesto hacia mis ancestros oprimidos: sería como cerrar un círculo si pudieran llamarme español de nuevo", sostiene.
Al igual que muchos otros sefardíes repartidos por el globo -se calcula que rondan los 3,5 millones-, tiene muy arraigada la cultura procedente de Sefarad (España, en hebreo), que considera parte de su identidad judía en la que predomina un sentimiento ambivalente.
"Por un lado mis raíces culturales, históricas y litúrgicas están en España. Pero por otro, la expulsión fue tan traumática que incluso algunos rabinos prohibieron durante 400 años a los exiliados regresar, algo que perduró en la memoria colectiva, un sentimiento parecido al de muchos judíos alemanes tras el Holocausto", dice.
Defiende de forma paralela que Israel debe conceder la nacionalidad a los descendientes de conversos y que "cuanto más se aprenda de judaísmo y de nuestra cultura compartida, más se reducirá el antisemitismo".
El abogado León Amirás, presidente de la Organización de emigrantes en Israel de Latinoamérica, España y Portugal (OLEI) y aspirante a la nacionalidad española, valora la ley como un gesto simbólico, pero adelanta que su puesta en práctica supondrá la verdadera prueba de fuego.
"Sin ninguna duda me causa gran emoción que después de tanto tiempo finalmente tengamos una ley que deja al alcance de miles y miles de sefardíes en Israel y en el mundo el famoso pasaporte español", expresó.
Amirás es descendiente de judíos que emigraron a Turquía tras la expulsión, emparentado por línea materna con Salomón Cavalliero, quien fuera a principios de siglo XVI médico y rabino de la comunidad judía sefardí de Salónica (Grecia).
Como letrado, asegura haber recibido centenares de solicitudes para tramitar la españolidad, pero una de las primeras barreras que se topan los candidatos es el "certificado de quién es sefardí, esto no queda claro en la ley".
Al mismo tiempo manifiesta preocupación por el hecho de que los solicitantes deban superar un curso de tradiciones y costumbres españolas y de idioma castellano. "No sé qué les pueden preguntar, cuántos goles marcó Ronaldo o si conocen la Constitución", apunta irónico.
Los grupos de la oposición en España han destacado que la norma pone muchas dificultades para que los sefardíes accedan a la nacionalidad, como el pago de una tasa de cien euros o las pruebas que demuestran una especial vinculación con España.
"Hemos terminado con las palabras, la ley -que entra en vigor el 1 de octubre- existe y está en manos del Gobierno, la Administración y la burocracia españolas transformarla en una realidad", advierte Amirás.
"Espero que sirva para acercar a los dos pueblos porque hace cinco siglos en torno al 90 por ciento de los judíos hablaba español, su comida era española y su música española. Espero que sea el punto de partida para volver a vincularnos", concluye Perry.
