El Partido Socialista y Partido Popular trabajan ya en la proposición de Ley que tiene que presentar esta misma semana en el Congreso para la reforma constitucional que limitará el techo de déficit público. Un trabajo contrarreloj para poder cumplir los plazos y sacarlo adelante en apenas 15 días.
El calendario, con unas elecciones generales a tres meses vista y unas cortes disueltas en treinta y dos días, obliga a cerrar una reforma constitucional que no se aplicará como mínimo hasta dentro de siete años cuando, según el Gobieno, las cuentas públicas estén saneadas. En este sentido, ha indicado que aunque esta reforma de la Constitución se haga ahora, se fijará la fecha de 2018 o 2020 como el momento en el que el déficit estructural deba ser limitado. "Partimos de una situación de desequilibrio muy importante y se necesitan unos años para llegar al equilibrio estructural", ha añadido.
La vicepresidenta ha asegurado que las excepciones incluidas en la norma permitirán que el déficit sea mayor, pero cuando esto sea así, habrá que reconducirlo hacia la normalidad "en un plazo razonable". "Lo otro sería atarse de manos y no poder estimular la economía ni atender a los más necesitados en una situación de grave recesión económica como la que estamos viviendo", ha apuntado.
Con la economía normalizada, la intención del ejecutivo es fijar un déficit máximo para todas las administraciones cercano al cero por ciento. Un tope de deuda que recuerda al que el gobierno de Aznar estableció con la ley de déficit cero, y que Zapatero, eliminó.
Ahora, España cumple la exigencia alemana y se convierte en el segundo país que constitucionaliza el déficit. Merkell lo hizo en 2009 y no será hasta hasta 2016 cuando aplique la medida. Italia, Portugal o Francia, aún no lo han hecho.
El corsé al endeudamiento no es nuevo. Maastrich fijó con el pacto de estabilidad un techo del 3% para 2013, un margen que la mayoría de los países ignoran.
