La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte las agendas desde el año 2000 hasta el cese en sus respectivos cargos de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.
Asimismo, y según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada ha trasladado a las partes lo aportado por la Junta de Andalucía en relación a la inexistencia de la agenda de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Alvarez en el periodo 2000-2011.
De igual modo, ha vuelto a requerir a la Consejería de Empleo que le proporcione la agenda de sus responsables en este periodo.
Hay que recordar que, en una providencia fechada el pasado 25 de noviembre, la instructora volvió a pedir a la representación legal de la Junta de Andalucía que "aporte a la presente causa agendas del periodo 2000-2011" de 12 imputados "de las que pueda disponer como cargo, empleado público o contratado externo" en relación con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Administración autonómica.
Estos imputados son, además de Magdalena Alvarez, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y la ex asesora de Empleo María José Rofa.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
Cabe recordar que la juez acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas e incluyó dentro de esta pieza separada a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 altos cargos imputados.
En un auto, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.
En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 52 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Avila y Gaspar Zarrías.
Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Alvarez y Martín Soler, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA-IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, entre ellos Braulio Medel, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
