Los organizadores de los actos de acoso y hostigamiento contra los diputados y miembros del Partido Popular han asegurado que continuarán con ellos. Además pretenden ampliar sus objetivos a los jueces que dictan las sentencias de desahucios y también a los banqueros.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha aclarado este jueves que en sus manifestaciones del miércoles sobre los escraches "en ningún caso ha estado en su ánimo justificar la violencia o la intimidación que pueda acompañar a los indicados actos de manifestación".
Así se señala en una nota de prensa dada a conocer por el Gabinete de Prensa del Consejo que sale al paso "de las opiniones recogidas en la prensa oral y escrita" acerca de la posición de Moliner sobre los llamados escraches.
Ayer, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, antes de la inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, afirmó que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad de manifestación.
"Los escraches, en tanto en cuanto no sean violentos, y como no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación", declaró en una entrevista en la cadena SER. Sin embargo, "en tanto en cuanto ofendan o atenten contra la intimidad de las personas u otros derechos fundamentales, me parecen rechazables", ha añadido.
Preguntada por las palabras que ayer pronunció el presidente del CGPJ sobre los 'escraches', la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha matizado este jueves que Moliner "no dijo únicamente que eran una manifestación de la libertad de expresión, hizo una matización muy importante, que cuando esta libertad de expresión supone una vulneración del derecho a la intimidad, o del derecho a la integridad física, o tiene contenidos violentos, por supuesto no la respalda".
ACUSAN A ADA COLAU DE "ACOSO E INTIMIDACIÓN"
Los eurodiputados del PP se han enfrentado este miércoles, durante la reunión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a su portavoz, Ada Colau, a la que han acusado de "acoso e intimidación" por los escaches, y han defendido las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy para paliar los desahucios.
Tras el debate, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la queja de la PAH, que reclama la dación en pago y una moratoria sobre los desahucios, y seguir de cerca los trabajos para completar la nueva directiva europea sobre hipotecas, según ha dicho su presidente en funciones, Willy Meyer. Por su parte, la Comisión ha dicho que la regulación de la dación en pago es competencia de los Estados miembros y no de la UE.
"Aquí tienen una ocasión para demostrar que Europa sirve para algo. Europa no puede dar la espalda a los ciudadanos que están sufriendo violaciones de derechos humanos", ha dicho Colau a los eurodiputados, a los que ha pedido que envíen una misión a España para conocer el problema de primera mano.
Sólo en 2012 se produjeron en España 40.000 desalojos de primeras viviendas lo que, según ha dicho, constituye "una anomalía absoluta en el contexto europeo" y responde a una "mala praxis bancaria" que incluye "estafas, clausulas abusivas y coacciones y amenazas" por parte de las entidades. Las familias afectadas, ha proseguido, viven en una "situación límite", que se ha traducido en "suicidios directamente vinculados a esos desalojos".
En su opinión, las medidas antidesahucios aprobadas por el Congreso con el único apoyo del PP no recogen "los mínimos" que reclamaba la iniciativa legislativa popular por la dación en pago y "no resuelven el problema". Y ha acusado al Gobierno de "criminalizar" a los ciudadanos que participan en escraches, que según ha subrayado no tienen carácter violento.
RÉPICA DE CARLOS ITURGÁIZ
"Se nos llama terroristas y nazis desde el Gobierno, se nos ponen multas de miles y miles de euros", ha resaltado.
La réplica se la ha dado el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, que ha acusado a Colau de "estar detrás de los escraches", a los que ha tachado de "acoso e intimidación". "He vivido y vivo con el acoso y la amenaza. En 1996 tuve el primer escrache en mi casa y además lo denuncié y lo gané en los juzgados", ha señalado en referencia al ex dirigente de Herri Batasuna, Koldo Celestino.
"Como ellos, ustedes están cometiendo un error. Están intentando socializar el dolor de lo que ustedes representan, intentando que ese dolor angustie a otros y a sus familiares", ha sostenido. "Al PP, lejos de intimidarnos, esas actuaciones suyas de los escraches nos dan fuerza para seguir defendiendo nuestros ideales", ha agregado Iturgaiz.
"Nos han dicho que no representamos a la ciudadanía y nos han señalado, no en nuestro discurso público, sino en nuestras casas, y eso es todo menos democrático", ha dicho el eurodiputado del PP Juan Andrés Naranjo.
Por su parte, el parlamentario popular Pablo Zalba ha asegurado que "no hay ninguna sola incongruencia, ni una sola discrepancia" entre las medidas del Gobierno español para paliar los desahucios y la nueva directiva de la UE sobre créditos hipotecarios que fue acordada el lunes y cuyo ponente es el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo.
"Por eso no entiendo que la señora Colau diga que es una anomalía en el contexto europeo", ha dicho Zalba. "Algo estará haciendo bien el Gobierno español cuando está en línea con lo que ha hecho este Parlamento", ha apuntado.
Sánchez Presedo le ha contestado que la nueva directiva europea obligara a España a "adoptar nuevas iniciativas" para paliar los desahucios, y ha resaltado que su grupo apoyaba la iniciativa legislativa popular, aunque a su juicio "la dación en pago es una solución pero no una panacea".
El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Ra~l Romeva, ha criticado a Iturgaiz por comparar los escraches con el terrorismo y ha pedido al Gobierno que atienda a la "mayoría ciudadana" que apoya la dación en pago y la paralización de los desahucios. Y la representante del BNG, Ana Miranda, ha reclamado "no criminalizar" a los representantes de la Plataforma.
