La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha rechazado un recurso para separar esta causa de la que instruye los dos ERE de Mercasevilla porque ambos apuntan a una "trama" de "absoluta identidad".
La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza el recurso presentado por Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla imputado en los cuatro sumarios sobre la gestión del mercado central sevillano pero no en el de los ERE de la Junta, y además confirma su imputación por los "serios indicios" de su implicación en los hechos.
Así, "en ambos casos estábamos ante la misma situación ilícita de incluir en las pólizas de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en la empresa afectada o de contratarla muy poco tiempo antes para introducirla fraudulentamente en el ERE".
Todo ello se hacía "con el indiciario consentimiento de la Autoridad Laboral", además de ser idénticos en todos los casos el procedimiento de financiación pública de las pólizas, añade.
La juez Mercedes Alaya precisa que desde los primeros atestados policiales se ponía de manifiesto "la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de los ERE", donde "la ilicitud vendría del procedimiento administrativo utilizado y del hecho de que a través de dichos ERE resultaran beneficiarias personas que nunca habían trabajado en dichas empresas".
La conexión de ambos sumarios deriva "del principio de economía procesal y de evitar el rompimiento de la causa", según el auto.
Mellet está imputado en los cuatro sumarios del caso Mercasevilla: el relativo a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros, el referente a la venta de sus terrenos, el que investiga la falsedad de cuentas y presunta apropiación, y finalmente en el de los ERE de los años 2003 y 2007.
En otro auto al que ha tenido acceso Efe, la juez rechaza el archivo de la causa pedido por Mellet y dice que se trata de una petición prematura y además porque existen contra él "serios indicios" delictivos.
Así, precisa que se le imputa haber participado en el desarrollo de ERE financiados principalmente por la Junta de Andalucía, en los que se incluía a trabajadores que no cumplían los requisitos, como ocurrió en 2003 cuando fueron incluidos varios trabajadores que no habían cumplido la edad mínima.
Posteriormente, el ERE de 2007 se hizo por las mismas razones de sobredimensión de la plantilla pese a que en el intervalo desde 2003 "se había contratado al mismo número de trabajadores fijos que habían sido despedidos en el primer ERE", según la juez.
En ese segundo ERE se incluyó a Antonio Garrido Santoyo, un dirigente del PSOE de Jaén que nunca trabajó en Mercasevilla, y a José Antonio Rivera, que acababa de ser contratado, así como a personas que estaban trabajando en la Fundación Mercasevilla y no en la lonja.
