Las quejas remitidas al Defensor del Pueblo bajaron un 7,5 % en 2016 hasta las 16.485, un descenso que contrasta con el aumento del 17,8 % de las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las administraciones hechas por esta institución que sumaron 1.771.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la Memoria Anual de 2016 que recoge la actividad de la institución en un año en el que las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos han sido la función y el empleo público, la administración de justicia, la actividad económica y las migraciones.
La institución incrementó en un 67 % sus actuaciones de oficio hasta alcanzar los 872 expedientes y tramitó 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, un 20,4 % menos que en 2015.
EL DEFENSOR RECIBIÓ 5.216 QUEJAS DE LOS MADRILEÑOS EN 2016, UN 6,5% MÁS
El Defensor del Pueblo recibió a lo largo de 2016 un total de 5.216 quejas de los madrileños, el 32,30 por ciento del total estatal y un 6,5 % más que las 4.899 de 2015, según los datos del Informe Anual 2016 de este organismo. Los datos del Informe muestran que el número de quejas de Madrid supuso el 32,21 % del total de las comunidades (17.396), cuatro puntos más que en 2015 (28,34 %).
Entre los expedientes "apoyados por un número significativo de ciudadanos", el informe cita los 1.057 profesionales de medicina del Servicio Madrileño de Salud, que "se quejaron de no cobrar ningún complemento de carrera profesional desde que quedó suspendido de forma excepcional, en diciembre de 2009, amparándose en problemas de financiación secundarios a la crisis económica".
Otro caso destacado por el Defensor es el de 196 residentes en la Colonia Virgen de la Esperanza de Canillas (Madrid), que solicitaron la ampliación de la línea de autobuses 125, para que pase por la Carretera de Canillas, al objeto de contar con un autobús directo al hospital Ramón y Cajal. En la estadística figuran 12 solicitudes madrileñas de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, un 30,75 del total estatal, frente a las 18 (14,88%) de 2015.
A lo largo de 2015 se presentaron y admitieron 451 expedientes de queja individual, de los cuales 252 seguían en trámite ante la administración regional madrileña y 199 habían sido concluidos.
De esta cifra, 73 suponían una "actuación correcta", 51 subsanados, 4 no subsanados y 71 con otras conclusiones.
También cita el informe 41 expedientes de actuación de oficio, iniciados y tramitados ante las administraciones, de los cuales 28 seguían en trámite, doce concluidos y uno suspenso. El informe contiene "Sugerencias" y "Recomendaciones" a las administraciones regionales y locales. Entre las "Sugerencias" figuran varias a la Comunidad de Madrid, entre ellas una referida al "aislamiento provisional" aplicado algunas veces en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales "El Madroño" de Madrid.
El Defensor sugiere al Gobierno regional de Madrid que en el momento de ingresar en "El Madroño" los menores sean informados de la posibilidad que tienen de "interponer un procedimiento de hábeas corpus" y adoptar medidas "para que siempre que se aplique el aislamiento provisional como medio de contención, se diferencie de la medida cautelar de separación de grupo".
Entre las sugerencias a la Comunidad de Madrid también hay otra en la que le insta a recabar la información precisa de los ayuntamientos que estuvieran tramitando licencias al amparo de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (LVRS) "con el fin de comprobar que se han paralizado y resuelto los procedimientos en sentido desestimatorio". Al Ayuntamiento de Madrid, el Defensor le sugiere que, a tenor del Reglamento de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, "permita acceder a la información pública que se genere en el desarrollo de la actividad y gestión administrativas en materia de servicios funerarios y cementerios".
Que publique en la página web de esa Empresa Municipal y en otros medios de difusión "los procedimientos que han de seguir los usuarios para que puedan obtener los diferentes servicios que gestiona y que sirvan tanto de vía para dotar de validez y eficacia las actuaciones de esa Empresa como de garantía de los derechos de los usuarios". Del total de las quejas, a nivel estatal, la mayoría se refieren a áreas de actuación de administración de justicia, asuntos de interior, migraciones, empleo y seguridad social o función y empleo públicos, entre otras.
