El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha prohibido el acto homenaje a la colaboradora etarra Laura Riera convocado este sábado en el barrio barcelonés de Gracia, al considerar que su celebración supondría la "exaltación del currículo delictivo" de personas "vinculadas a la organización terrorista ETA".
Así consta en un auto dictado este viernes en el que el magistrado ordena a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias" para evitar la celebración del acto, que coincide con la salida de Riera de la cárcel barcelonesa de Wad-Ras, porque conllevaría la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
En este sentido, solicita a los Mossos d'Esquadra, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil que "prevengan la comisión de hechos delictivos" que pudieran producirse como consecuencia de la prohibición y que, en el caso de que éstos tengan lugar, identifiquen a sus responsables y comuniquen "cualquier incidencia que pueda surgir".
Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha adoptado esta decisión a instancias de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez ha valorado los informes policiales que ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el 'comando Barcelona', que actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 llevando a cabo atentados como el que costó la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.
Tras el acto de bienvenida a Riera, que se iba a celebrar en la plaza del Raspall de la capital catalana, estaba previsto celebrar una marcha de antorchas en la que se pretendía solicitar la libertad de las también etarras Dolores López Resina, 'Lola', y Marina Bernardó Bonada, que cumplen actualmente condena en Francia por su pertenencia a la organización terrorista.
"ENSALZAR LA LUCHA ARMADA"
En su resolución, el magistrado defiende que todas estas actividades, enmarcadas en el programa alternativo de las fiestas de Gracia, tienen como "finalidad única" la de "ensalzar las personas de quienes han sido condenadas como colaboradores o integrantes de la organización terrorista ETA, alabando, amparando o justificando las actividades delictivas por ellas cometidas y por las que fueron condenadas, ensalzando además la lucha armada".
Como ejemplo, indica que uno de los lemas del acto ("Laura saldrá de la cárcel, pero las causas que la llevaron a luchar y a sufrir el encarcelamiento continúan vigentes") "no puede dejar de interpretarse como una legitimación de las actividades terroristas" que las tres condenadas llevaron a cabo y "un llamamiento a continuar desarrollando este tipo de 'lucha'", con "el consiguiente desprecio y humillación" que supone para las víctimas.
Tras subrayar que la dirección de la banda ordena la justificación de sus crímenes y el ensalzamiento de quienes los cometen, destaca que la convocatoria del acto parte de las asociaciones Rescat (Colectivo de Apoyo a Presos y Presas Políticos Catalanes) y Solidaridad Antirrepresiva de Terrasa (SAT), que vienen prestando "un fuerte apoyo" a "personas encausadas por su participación activa en lo que denominan 'luchas y movimientos de rechazo al poder establecido'", entre los que incluyen a los "individuos de origen catalán que han sido detenidos o condenados por su pertenencia y/o colaboración con la banda terrorista ETA".
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
El juez, que reproduce de esta forma los argumentos expuestos el jueves por la Fiscalía, recuerda a renglón seguido que los organizadores no han realizado ninguna comunicación oficial a la autoridad gubernativa competente, de forma que en las actuaciones no aparece "persona física alguna" que "pueda ser identificada de forma clara como responsable" de su convocatoria. De esta forma, estos colectivos pretenden garantizarse "la máxima opacidad posible, al objeto de impedir su identificación y eludir las posibles responsabilidades administrativas y/o penales que pudieran derivarse de aquellos años".
Riera, vinculada al movimiento 'okupa', trabajaba como auxiliar administrativo interina en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona), y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Valiéndose de claves de sus compañeros de trabajo, facilitó al 'comando Barcelona' matrículas de vehículos de fuerzas de seguridad, así como la del coche del concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre de 2000.
López Resina, por su parte, ha sido condenada a casi 400 años de cárcel por su integración en la organización terrorista ETA y la labor que desarrolló a principios de los años noventa en el 'comando Barcelona'. Bernadó, integrante del aparato de reserva y falsificación de ETA desde 2004 hasta su detención en 2006, fue condenada en Francia a nueve años de prisión por asociación de malhechores.
