Más de 350 magistrados de toda España han firmado un manifiesto en contra de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en trámite parlamentario y a favor de la independencia judicial.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran tres magistrados de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel; dos jueces del Tribunal Supremo (TS) Celsa Pico y Jordi Agustí; la vocal del CGPJ Margarita Robles y la exvocal del órgano de gobierno de los jueces Monserrat Comas; y el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosh.
Según ha informado Jueces para la Democracia (JpD) a través de un comunicado, el documento, impulsado desde dicha asociación, está empezando a ser distribuido en el conjunto de la judicatura y está siendo firmado por magistrados de distintas asociaciones y no asociados.
EL OBJETIVO DE LOS PROMOTORES
Así, el objetivo de los promotores del manifiesto es "implicar también en el apoyo a dicho manifiesto a otros sectores jurídicos, a personalidades académicas del mundo universitario y al conjunto de la sociedad".
El documento denuncia que la reforma del Consejo General del Poder Judicial que ha presentado el Gobierno supone "un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes", lo cual, desde su punto de vista, "resulta especialmente preocupante en un momento en el que se encuentran imputados por asuntos de corrupción centenares de cargos públicos".
Para quienes apoyan el manifiesto impulsado por Jueces para la Democracia, la crisis económica se ha convertido "en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva".
"En poco más de un año se ha llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados", denuncian.
En relación con la administración de justicia, sostienen que, como servicio público, "debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada vez son más quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa".
LA JUSTICIA, ULTIMA POSIBILIDAD
Asimismo, critican que la inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia "han debilitado la ya delicada estructura judicial", al tiempo que "han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable".
"Se han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que ven como sus procesos se demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas.
De ahí que la defensa de la Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadores jurídicos, sino de toda la ciudadanía", sostienen.
Además, según indican los autores del manifiesto, "ahora se pretende deteriorar la independencia judicial", pues el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley de reforma de Consejo General del Poder Judicial "en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial" rompiendo "el equilibrio propio de la división de poderes". "Supone una subordinación del poder judicial al poder político", agregan.
"Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la independencia judicial. Y, en un contexto en el que se están investigando numerosos casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente, sin que desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbar las atribuciones constitucionales de nuestros juzgados y tribunales", destacan.
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PUEDE SER "MEJORABLE"
Aunque reconocen que el funcionamiento del CGPJ "puede ser mejorable", advierten que eso no puede suponer un "pretexto" para que el Gobierno le "despoje" de competencias "relevantes, que afectarán al estatuto de los integrantes del poder judicial, lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales".
En este sentido, recuerdan que la independencia judicial "no es un privilegio" de los miembros de la judicatura, sino una "garantía" para los derechos fundamentales de la ciudadanía y para la prestación de un adecuado servicio público. "Resulta de especial gravedad que una reforma de estas características se haya impulsado de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de justicia", recalcan.
Por último, sostienen que ante el deterioro estructural de la justicia, los poderes públicos practican "recortes presupuestarios" que van a "agravar" la situación de "precariedad", por lo que reclaman "al Gobierno y a todos los poderes públicos un pacto sobre Justicia que garantice de una vez por todas, la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución".
