El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha justificado este jueves la denuncia del PP contra el Ayuntamiento de Badalona por abrir sus puertas el 12 de octubre porque considera que no respetar la ley lleva a la "anarquía". "Si no respetamos la ley, caemos en la anarquía. Si no gusta la ley se cambia, pero mientras haya una norma hay que acatarla", ha recalcado en una entrevista en Catalunya Ràdio un argumento que ha insistido en aplicar también a la cuestión del proceso soberanista. Según Margallo, los límites para que un diálogo sea fructífero es la ley, donde apunta que se puede hablar de todo, por lo que ha pedido que no se hagan "propuestas que sean imposibles" ante el riego de generar frustración.
CITA ANTE EL JUEZ
La delegación del gobierno en Cataluña y el Ayuntamiento de Badalona están citados hoy ante el juez en relación con la decisión del consistorio de abrir sus puertas en la festividad del 12 de Octubre, desobedeciendo y rompiendo la orden judicial que lo prohibía. El Ayuntamiento de Badalona desobedeció este miércoles al juez que le obligaba a respetar la Fiesta Nacional y abrió sus puertas, donde uno de los tenientes de alcalde, José Téllez (CUP), rompió el auto judicial antes de que seis concejales atendieran durante la mañana a unas 200 personas.
Por este hecho un juez de Badalona ha abierto una investigación por un delito de desobediencia contra el Ayuntamiento del municipio, a raíz de la denuncia presentada por el PP. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona ha resuelto abrir diligencias de investigación.
La denuncia ha sido presentada por los delitos de desobediencia a la autoridad y apología de la insumisión, así como por destrucción de documento público en vigor y apertura de un establecimiento público en día festivo, sin cobertura legal, ni decreto, según fuentes del PP. Así mismo, el PP de Badalona señala que se ha permitido el acceso a una instalación pública, sin registro de entrada ni control de identidad, en un día inhábil a efectos administrativos. En el escrito se señala la utilización de un espacio púbico para realizar "apología de la desobediencia a la ley, insumisión de las leyes y resoluciones del Estado".
Por su parte el ministro Margallo también ha hablado este jueves sobre las intenciones independentistas en Cataluña. "Una secesión unilateral no es posible, porque al ser contraria a la Constitución, es contraria al derecho universal. No habría reconocimiento de Naciones Unidas, y por tanto quedaría fuera de la UE", ha asegurado. Al preguntársele si España reconocería la independencia de Catalunya, ha remarcado que "este supuesto no se puede dar" y que no puede haber un referéndum mientras no se cambie la Constitución dentro de los procedimientos establecidos.
"SERIO ATAQUE" A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente- han hecho público este jueves un comunicado conjunto exponiendo su preocupación y llamando a la "cordura" a todas las fuerzas políticas después de que varios concejales de Badalona (Barcelona) fueran a trabajar este miércoles 12 de octubre, día festivo, pese a que un juzgado había prohibido, como medida cautelar, abrir las dependencias municipales. En la nota, los jueces muestran su especial consternación por el hecho de que un grupo de concejales con responsabilidades de gobierno rompiera frente a las cámaras una copia de la resolución judicial.
Así, recuerdan a los ediles que haber sido elegidos para el cargo no les sitúa por encima de la Ley y que, por el contrario, ésta "es la garantía de su propia libertad y de su presencia en las instituciones, pero, al mismo tiempo, es limite de su representatividad y de su propio poder ejecutivo, como parte del sistema constitucional".
FALTA DE RESPETO A LA LEY
"La falta de respeto a la ley implica faltar el respeto a uno mismo", consideran los jueces, que representan a miembros de la Carrera de todas las sensibilidades políticas. Añaden que el desprecio público a las resoluciones judiciales "supone un serio ataque a la función de los Tribunales de Justicia y al papel que estos desempeñan en la convivencia pacífica". Recuerdan asimismo que el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a "un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".
Para tutelar de forma efectiva las libertades y los derechos ciudadanos, advierten las asociaciaciones de jueces, "es imprescindible el cumplimiento por todos y todas de las resoluciones judiciales". Los jueces recuerdan también que deben ser neutrales en el debate político para tutelar los derechos de las partes en un litigio, "pero ese debate ha de hacerse con respeto al marco legal", ya que ellos no pueden dejar de aplicar las leyes "democráticamente promulgadas".
