La junta de fiscales de Anticorrupción se opuso y consiguió revertir una orden del jefe de esa Fiscalía, Manuel Moix, en la que proponía suspender uno de los registros practicados este miércoles en la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II.
Fuentes fiscales han confirmado que el fiscal jefe Anticorrupción, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó una orden por escrito a los fiscales del caso en la que se oponía a que se hiciera uno de las decenas de registros que los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo.
Según fuentes del Ministerio Público se trataría de registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) -filial del Canal de Isabel II con presencia en cinco países de América latina- por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid.
La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros frente al criterio del fiscal jefe. El Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía. Así ocurrió, según las fuentes consultadas por Efe, y la Junta apoyó que se realizara el registro.
Según ha confirmado el propio Moix a Europa Press, tras oír a la junta el podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco. Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, las personas afectadas por estos registros podrían hacer desaparecer documentos y afectar negativamente a la investigación.
La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el que asegura que "es falso" que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, haya intentado "obstaculizar" la investigación del caso Lezo , que ha llevado a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
La Fiscalía General ha emitido un comunicado en el que puntualiza que en este momento no se puede "entrar en el fondo del asunto ni desvelar elementos ni datos del procedimiento por encontrarse declarado el secreto de sumario". Destaca que cualquier revelación del contenido de dicho sumario puede "afectar gravemente al buen fin de la investigación". Sin embargo, asegura que "es falso que el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especial haya intentado obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo, iniciada por la propia Fiscalía en octubre de 2015 y judicializada posteriormente en el año 2016". Además, continúa, "es igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid, señor González".
Los fiscales que investigan el caso invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, lo que obligó a Moix a convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción. La mayoría se opuso a la decisión de su jefe jerárquico y aunque las decisiones de este órgano no son vinculantes, Moix acabó asumiendo el resultado de la mayoría. Sobre estas "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, la nota dice que "fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las fiscalías".
LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO
El PSOE, Unidos Podemos y Cs han exigido hoy la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren si se ha obstaculizado la investigación de "la corrupción del PP". El PSOE ha registrado sus peticiones de comparecencia tras conocer las informaciones que aseguran que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, "intentó impedir uno de los registros de la operación" contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido ayer el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Según el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, es evidente que el edificio del PP está afectado por una "auténtica aluminosis por corrupción", que se ve agrava por esa posible "obstrucción" a la Justicia. Hernando ve igualmente "gravísimo" que un alto cargo del Gobierno haya filtrado a González y a sus "secuaces" de la trama que estaban siendo investigados, lo que les permitió cambiar sus "pautas" de actuación.
Al igual que el PSOE, también Ciudadanos pedirá la comparecencia urgente de Catalá, para que dé cuenta de los supuestos "chivatazos" dados a Ignacio González y las supuestas presiones de la Fiscalía Anticorrupción para impedir un registro en la operación Lezo. "Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para quien "el ministro y el Gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales" y de "chivatazos".
Rivera, que ha subrayado que Cs tiene "obsesión" con la despolitización de la justicia y de la Fiscalía, quiere saber si el ministro "en vez de hacer y repartir justicia, está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen".
Y por parte de Unidos Podemos, el diputado y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha exigido el cese inmediato del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por "proteger al PP en los casos de corrupción", y la reprobación del ministro de Justicia por ser el "responsable político máximo" de las supuestas irregularidades en el Canal Isabel II. Garzón ha anunciado que también pedirán las comparecencias en el Congreso de Catalá, de Maza y de Manuel Moix ante las "gravísimas" informaciones publicadas sobre posibles maniobras para tapar la corrupción del PP.
Preguntado por la petición de comparecencias, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha recordado hoy que su partido ha solicitado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en pleno para aclarar la financiación de su partido, tras ser citado a declarar como testigo en el caso Gürtel. Iglesias ha desconfiado de la actuación de los socialistas al pedir que Rajoy comparezca en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP, que aún no tiene fecha para iniciar sus trabajos.
Sin embargo, el portavoz del PSOE ha anunciado también hoy que su partido va a agilizar todos los trámites necesarios para que cuanto antes se ponga en marcha esa comisión de investigación y pueda comparecer Mariano Rajoy. "El presidente del Gobierno va a venir a comparecer a la comisión de investigación y además antes de lo previsto", ha avanzado Hernando, quien ha subrayado que "la alarma social" generada por "la corrupción sistemática en el PP" hace "urgente" poner en marcha esa comisión. Y además, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo acudirá tan "contento" a dar explicaciones al Congreso, igual que ha dicho muy "ufano" que irá "encantado" a testificar ante el tribunal del caso Gürtel.
CATALÁ PIDE NO ESPECULAR SOBRE EL CASO CANAL, QUE PARECE UN "ASUNTO COMPLEJO"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado partidario de no hacer especulaciones en torno a la operación Lezo sobre la corrupción en el Canal de Isabel II, ya que ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario y, además, "tiene visos de ser un asunto complejo".
"No hay que especular en una investigación que tiene visos de ser un asunto complejo y que está sometida a secreto de sumario. No merece la pena andar con especulaciones de un asunto sobre el que no se tiene información", ha dicho Catalá a la prensa en Cuenca en la inauguración de las X Jornadas Científicas de la Difusión de la Investigación de la Universidad regional.
Asimismo, ha mostrado el "máximo respeto" a la acción de la justicia, de las instituciones y de la Fiscalía, que "defiende el interés general y el cumplimiento de la legalidad".
También ha manifestado su confianza en las instituciones y ha subrayado que España es un Estado de derecho, por lo que "los procesos judiciales están dotados de todas las garantías" y "del derecho a la defensa también", ha añadido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la "investigación continuará adelante y se sabrá la realidad de los hechos".
