La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de una pena de treinta años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama del "caso Malaya", aunque ha retirado la acusación para nueve de los 95 procesados.
En su escrito de conclusiones definitivas, de 435 folios, el fiscal desgrana la actuación de Roca y el entramado societario creado por el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), con hasta setenta sociedades relacionadas con el principal procesado en el caso.
En el escrito señala que Roca, "pese a no ser cargo electo ni detentar la jefatura de servicio municipal alguno, ha venido ostentando, de hecho, una posición de dominio sobre la corporación, hasta el punto de que los concejales del equipo de gobierno y la propia alcaldesa aparecían subordinados a su poder de decisión".
"Esta situación de poder se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que éstos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico", añade el fiscal.
También revela cómo Roca llegó a recibir de distintos empresarios más de 33 millones de euros a cambio de operaciones o decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella, para lo que gratificó a los concejales con sumas que superan los 5,2 millones de euros.
Los sobres con dinero se repartían en cada ocasión en función del rango en el consistorio, y así la exalcaldesa, Marisol Yagüe, podía recibir 84.000 euros, mientras que en un segundo escalón estaban Isabel García Marcos y Carlos Fernández, con 42.000 cada uno; los tenientes de alcalde, con 18.000, y, por último, los concejales delegados, con 12.000 euros, según el fiscal.
Para Marisol Yagüe, la petición fiscal es de dieciséis años de prisión, mientras que para el exalcalde Julián Muñoz se sitúa en diez años y para la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos, en doce años.
Entre las nueve personas a las que el fiscal ha retirado su acusación se encuentra la hija del exasesor urbanístico, María Roca Jimeno.
Tras la retirada de la acusación, el presidente del Tribunal, José Godino, les ha informado de que ello implica una sentencia absolutoria para los nueve procesados, por lo que les ha autorizado a que abandonen la sala.
Además de la retirada de acusación a la hija de Roca, también se han visto beneficiados el exedil marbellí Miguel Jiménez Guerra; el informático que trabajó en una sociedad vinculada a Roca Sergio Santana y una empleada de otra sociedad, Karin Marika Mattson.
Entre las modificaciones, también se ha retirado a la secretaria de la abogada Montserrat Corulla, Úrsula Quizano; la veterinaria de los caballos de Roca, Hildegar Fernández; Carlos García Puente; José María Mellado y Javier Pérez Villena.
El presidente del Tribunal también ha anunciado a estos nueve procesados que se les dejará sin efecto cualquier medida que existiera contra ellos como embargos y retirada de pasaporte, entre otros.
