Los cargos públicos que falseen las cuentas u oculten datos de naturaleza contable, conducta que será tipificada como delito tras la aprobación de la Ley de Transparencia, podrán ser castigados con hasta diez años de inhabilitación y la correspondiente multa. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado el catálogo de infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria que se incluirá en el código de buen gobierno que, por primera vez, tendrá rango legal para todas las Administraciones Públicas.
Las conductas que se sancionarán serán aquellas contrarias a las formas de buen gobierno, a la ley presupuestaria actual y a la futura ley orgánica de estabilidad presupuestaria que actualmente se tramita en el Parlamento.
En los casos más graves, aquellos en los que pueda considerarse que ha habido "verdadero falseamiento u ocultación" de datos contables "ligados al cumplimiento de la normativa presupuestaria", la conducta será constitutiva de delito y castigada con una pena de inhabilitación de hasta diez años.
Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".
Otras infracciones -que pueden ser graves o muy graves- no se consideran delito, pero sí darán origen a un procedimiento sancionador y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre cinco y diez años.
VA EN SERIO CON EL DÉFICIT
Sáenz de Santamaría, ha asegurado que esta ley -cuyo anteproyecto ha visto hoy el Consejo de Ministros- demuestra que España, en todas sus administraciones, está dispuesta a cumplir el objetivo del déficit y que va "en serio".
La vicepresidenta ha dicho que la norma busca complementar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan", sean "respetuosas" en la gestión de los fondos públicos y "transparentes" en su uso. Con este fin, ha incidido, no sólo se establecen obligaciones presupuestarias sino que "todos y cada uno de los gestores" públicos responderán "con carácter personal" de su incumplimiento.
"Desde fuera y desde dentro, lo que se ve y lo que se verá es que este Gobierno se hace responsable de lo que pasa en el Estado y en el conjunto de las administraciones", ha manifestado de forma que el cumplimiento del objetivo del déficit ya no es sólo una obligación institucional sino que implica "una responsabilidad administrativa y penal".
El anteproyecto de ley se someterá a partir del lunes a un periodo de audiencia pública en el que los ciudadanos podrán trasladar sus sugerencias al Gobierno. Para ello, el texto será publicado en la página web del Ministerio de la Presidencia (www.mpr.es).
Dentro de su ámbito de aplicación estarán todas las administraciones del Estado y las empresas públicas (aquellas en las que el Estado sea titular de más del 50% de las acciones).
En cuanto a su aprobación definitiva, la vicepresidenta ha asegurado que, pese a tratarse de una ley amplia y compleja, el Ejecutivo quiere "darle agilidad" y enviarla a las Cortes "cuanto antes" para que se inicie su tramitación parlamentaria.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Otro capítulo central de la norma obliga a todas las administraciones, instituciones y empresas públicas -la Casa Real queda al margen- a la "publicidad activa", es decir, a publicar sin que haya solicitud previa información de interés, algo que el Gobierno hará a través de un "Portal de la Transparencia". Serán públicos, por ejemplo, los más mínimos detalles de los contratos públicos y de las adjudicaciones, las subvenciones, los convenios y las retribuciones de los altos cargos.
Además se regula por vez primera el derecho constitucional a acceder a la información de las instituciones públicas, con el único límite de que se respete la protección de datos de carácter personal y que no se vea afectada la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la persecución de las infracciones.
Cuando se deniegue una información, el ciudadano podrá recurrir a la Agencia de la transparencia, evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios, cuya dirección, para garantizar su independencia, podrá ser vetada por la mayoría absoluta del Congreso. La última instancia serán los tribunales.
La norma, ha subrayado, busca eliminar comportamientos opacos de la administración e impone "férreas" obligaciones de buen gobierno con principios éticos y de actuación.
ESTABLECERÁ UN BAREMO PARA RETRIBUIR A LOS CARGOS MUNICIPALES
Además, la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno establecerá, por primera vez en España, un baremo público y aprobado por las Cortes Generales en la la ley de los Presupuestos Generales del Estado de retribución para los cargos municipales.
Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que "muchos cargos públicos", incluidos varios alcaldes, cobran más que el presidente del Gobierno. Por ello, esta ley permitirá habilitar en las cuentas generales del Estado que se pueda aprobar un baremo para las entidades locales.
Ha añadido que los elementos que van a permitir fijar los sueldos serán el tipo de entidad local, la población, el tamaño del municipio y otras circunstancias socioeconómicas o administrativas, como la capitalidad. En todo caso, ha precisado, se establecerán baremos "lógicos y coherentes".
Sáenz de Santamaría ha indicado que se estaba trabajando en una norma que permitiera fijar los baremos para la retribución de los alcaldes y presidentes de Diputación y ahora se habilita esa posibilidad en los Presupuestos de cada año, teniendo en cuenta la entidad local, su tamaño y otras circunstancias económicas, sociales o administrativas.
