El Gobierno asumirá la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizada la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros públicos o concertados y repercutirá el coste a la autonomía correspondiente, según desarrolla un decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
La norma, que afecta principalmente a Cataluña, regula los procedimientos para compensar a las familias por los gastos en esas circunstancias en la educación obligatoria desde el curso próximo, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Los gastos que se compensan son la matriculación, la escolarización, los servicios complementarios de transporte, comedor e internado y aquellos otros imprescindibles para continuar las enseñanzas, con un límite de 6.057 euros al año, como coste medio de una plaza escolar pública no universitaria.
CATALUÑA RECURRIRÁ
El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha anunciado que recurrirán el decreto que prevé aprobar el Gobierno central que supondrá que el Ministerio de Hacienda retenga el coste de escolarizar en castellano en escuelas privadas.En una entrevista de Catalunya Ràdio, Homs ha sentenciado: "Esto es absolutamente ilegal y lo recurriremos con todas las de la ley".
Según Homs, este decreto ley, que le pasará la factura de las familias que escolaricen a sus hijos en colegios privados en castellano, "es un abuso de poder, esto es confiscar la autonomía", y ha lamentado que el Gobierno lo haga porque controlan la financiación.Ha asegurado que este decreto es imposible de aplicar y ha lamentado que quieren "plantar la semilla de la discordia y la división", pero ha asegurado que el Govern no lo permitirá.
Por otro lado, Homs se ha mostrado convencido de que la reunión entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el del Gobierno, Mariano Rajoy se celebrará aunque constata que la interlocución con el Estado "es difícil".Ha asegurado que la reunión está pedida --"Es evidente", ha zanjado-- y que Mas la solicitó el día de la proclamación de Felipe VI.
Ha admitido que la interlocución con el Gobierno central es difícil pero ha indicado que los consellers del Govern tratan de interaccionar con los ministros dentro de sus ámbitos respectivos: "Intentamos interlocutar con pocos éxitos".
En su caso, ha indicado que habla con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, a quien por ejemplo hace pocas semanas envío un escrito para trasladarle que Catalunya quiere participar en la Francofonía.
CONSULTA
Sobre la convocatoria de la consulta, ha sido tajante: "Por supuesto que se tiene que hacer", y ha reiterado la determinación del Govern para realizarla y que para ello está disponiendo de los preparativos técnicos y las condiciones para hacerla.
Se ha preguntado por qué tirar la toalla antes de tiempo, y ha asegurado que la Generalitat tiene todo "previsto", y que el acceso al censo para realizarla lo acabará de concretar la ley de consultas.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN VE COMO UNA "MULTA" EL DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN EN CASTELLANO
La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha afirmado este viernes que el decreto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que prevé que Hacienda retenga a la Generalitat el coste de escolarizar en castellano en escuelas privadas a familias que lo pidan supone una "multa" por el catalán.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Rigau ha alertado de que "una multa lingüística es algo muy grave en Cataluña que nos lleva a los peores años de la persecución lingüística", en referencia al decreto que prevé aprobar el Consejo de Ministros.
"Si esto sale adelante se demostrará que a este paso las multas por el catalán en democracia pueden llegar a superar las de la dictadura", ha lamentado antes en declaraciones a Rac1, y ha pedido al Ejecutivo central que aproveche las próximas horas para reconsiderar el decreto antes de presentarlo.
