La exdirectora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha asegurado hoy que en las vísperas del 9N recibió varias llamadas del Departamento de Educación en las que la "presionaron" para que entregara las llaves de su centro, de forma que acogiera las urnas de la consulta. Según fuentes judiciales, la exdirectora del centro, que ya está jubilada, ha declarado hoy como testigo ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N, después de que se aplazara su interrogatorio -inicialmente previsto para el 21 de septiembre pasado-, al alegar las defensas que podía interferir en la campaña porque la mujer concurría al 27S en las listas de Ciudadanos.
La exdirectora, Dolores Agenjo, ha afirmado ante el juez que entre los días 6 y 7 de noviembre, una vez el Tribunal Constitucional (TC) ya había suspendido la consulta alternativa, intercambió cinco o seis llamadas con la responsable de los Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat, Montse Llobet, en que ésta le apremiaba a facilitar las llaves.
Las fechas en que esas llamadas telefónicas tuvieron lugar son un dato relevante para las acusaciones, ya que, para determinar si la Generalitat incurrió en desobediencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña centra su investigación en los actos que el Govern llevó a cabo a partir del 4 de noviembre en que el Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo.
En ese intercambio de llamadas, ha apuntado la directora, pidió a la responsable de Educación que le entregara una orden por escrito, lo que Llobet prometió que le daría siempre que no la facilitara a terceros, pero Agenjo ha asegurado que esperó inútilmente el documento hasta el viernes 7 de noviembre.
La testigo ha afirmado también que en la reunión del 16 de octubre de 2014 con directores de institutos, los responsables de Educación dieron "instrucciones" a los docentes para que nombraran voluntarios en sus centros que se hicieran cargo de la apertura el 9N.
Agenjo, que no siguió las instrucciones de Educación y por lo tanto no buscó voluntarios entre su personal docente, ha afirmado que interpretó las indicaciones de la reunión como una presión, porque se haría constar su negativa a entregar las llaves y ello podría acarrear consecuencias negativas para su carrera profesional, han añadido las mismas fuentes.
De hecho, la directora de instituto ha aportado a la causa varios correos electrónicos que intercambió con colegas de otros institutos, en los que, ha precisado, estos coincidían en que se habían sentido presionados para apoyar la consulta independentista.
La testigo ha añadido que, a raíz de su negativa a entregar las llaves del instituto para que se instalaran las urnas, recibió correos electrónicos amenazantes, sin que se haya sentido apoyada por el Departamento de Enseñanza. No obstante, la directora de instituto no ha aportado esos correos electrónicos y ha admitido que no llegó a comunicarlos a ningún responsable de la consellería.
Dolores Agenjo ha reconocido que, en la mencionada reunión, ella entendió que entregar las llaves del instituto era obligatorio para todos los asistentes, pero que cuando consultó a la Delegación del Gobierno y a la Alta Inspección del Ministerio de Educación estos los advirtieron que solo debía obedecer órdenes por escrito.
LA GENERALITAT IMPLICADA TRAS LA SUSPENSIÓND EL 9N
Varios testigos que hoy han declarado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N han apuntado que el Gobierno catalán siguió implicada en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, cuando fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Ante el juez que investiga la causa del 9N ha declarado hoy Joan Cañada, asesor en materia de opinión del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta, Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas y papeletas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Jordi Escalé.
También han testificado la directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder las llaves para que su centro acogiera la consulta, y el responsable de la empresa Focus, a la que la Generalitat pagó 140.000 euros por montar la carpa que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9N.
Los cargos de la Generalitat han reconocido que, tras el 4 de noviembre, la administración catalana siguió implicada en la organización de la consulta, aunque fuera de forma indirecta.
Pero han argumentado que cuando el TC notificó la suspensión era muy difícil detener el proceso de organización de la consulta, que en muchos casos estaba en manos de las empresas que habían firmado convenios con la Generalitat.
En la misma línea, la declaración de los otros dos testigos ha coincidido con la tesis de la Fiscalía de que la Generalitat siguió haciendo gestiones relacionadas con la organización de la consulta, tras la suspensión.
