Agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional han desarticulado en Mallorca un grupo criminal que defraudó más de 1,2 millones de euros a la Seguridad Social mediante la venta de falsos contratos de trabajo, de forma que han detenido en la isla a 100 trabajadores ficticios, así como a la líder de la trama, E.G.T., propietaria de una asesoría en Palma de Mallorca, y a dos de sus subordinados A.G.C. y R.E.A.C.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que la propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca utilizaba un entramado de empresas para vender por hasta 14.000 euros falsos contratos laborales a supuestos empleados.
Así, ha revelado que ascienden a más de 200 las personas, en su mayoría de origen marroquí, que adquirieron los contratos para acceder a prestaciones por desempleo u obtener permisos de residencia.
La investigación se inició meses atrás, cuando la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó irregularidades en una asesoría de Palma de Mallorca que se dedicada a la tramitación de documentos de ciudadanos extranjeros.
Las primeras indagaciones, según la Policía Nacional, descubrieron un entramado de empresas detrás de las cuales siempre aparecía, de una u otra forma, la responsable de la asesoría.
VENDÍAN CONTRATOS LABORALES
A través de estas empresas, se vendían contratos laborales mediante los cuales el supuesto trabajador tenía acceso a renovaciones de permisos de residencia, arraigos para la obtención de esos permisos, prestaciones sociales por desempleo, subsidios por desempleo, bajas por incapacidad temporal y bajas por maternidad/paternidad.
Así, ha desvelado que muchos de ellos disfrutaban fraudulentamente de los citados beneficios y ni siquiera residían en España, sino que lo hacían en sus localidades de origen, dándose circunstancias como que en algunas empresas del entramado dedicadas a la construcción había más trabajadoras de limpieza que obreros o mujeres contratadas para la construcción con ocho meses de gestación.
Los investigadores también constataron casos de trabajadores que habían accedido a la prestación económica de incapacidad temporal por bajas médicas que no estaban justificadas o con patologías preexistentes al inicio del contrato.
La Policía Nacional ha explicado que la relación laboral empresa-trabajadores era ficticia, "toda vez que no había intención por ninguna de las dos partes de que se llevase a cabo actividad laboral alguna dirigida por la empresa a cambio de un salario".
Concretamente, ha señalado que los supuestos trabajadores, en su mayoría de origen marroquí, habrían pagado a la asesoría cantidades que oscilaban entre 250 y 14.000 euros para beneficiarse de los fraudes, por lo que se estima en más de 200 las personas que de una u otra manera llegaron a acuerdos de forma ilegal con la asesoría.
De esta manera, se calcula que a través de esas empresas, se contrajo una deuda en la Seguridad Social que asciende a más de 1,2 millones de euros, a lo que hay que añadir los beneficios obtenidos por los supuestos trabajadores, aún sin calcular.
La Policía ha revelado que en los registros efectuados en un chalet situado en Es Puntiró, un apartamento en Calviá y la propia asesoría investigada en Palma, se han intervenido mas de 20.000 euros, así como abundante material de archivo informático que está siendo analizado.
Los agentes de la Policía Nacional han dado por finalizada la investigación, que se conocía como 'Operación 2012', con la detención de la propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca y dos trabajadores de la misma, como presuntos autores de los delitos de estafa, contra la seguridad social, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
