El Estado destinará 29.246 millones, el 2,7% del PIB, sólo al pago de intereses de la deuda en 2012, lo que supone unos 7.200 millones más que el año anterior, según ha destacado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.
En la presentación de las cuentas del Estado en el Congreso, la secretario de Estado ha insistido en que hay una serie de gastos obligatorios que crecen este año como los intereses de la deuda, que son compromisos de 2011 que hay que pagar porque "este Gobierno paga lo que debe".
En 2012 el Tesoro Público tendrá que emitir 186.100 millones para financiar los vencimientos de deuda y para cubrir las nuevas necesidades financieras del Estado.
Las emisiones son un 3 % inferiores a las que previó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en los presupuestos de 2011, que eran de 192.000 millones.
Al igual que en los últimos años, prácticamente la totalidad de las emisiones brutas previstas se concentran en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado y como alternativa se recoge la opción de emitir hasta 6.000 millones en otras deudas y divisas.
Además de cubrir las necesidades financieras, el Estado tendrá que dedicar buena parte del total de emisiones planeadas, 149.300 millones, para afrontar las amortizaciones de deuda emitida en años anteriores o las que se realicen a corto plazo en 2012.
Las amortizaciones están en línea con las del año pasado, que fueron de 146.700 millones, y se distribuyen en letras (unos 99.200 millones), bonos y obligaciones (más de 46.100 millones) y en deuda en divisas y otras categorías (4.000 millones).
En cuanto a la necesidad de financiación neta del Estado, ésta será de 36.826 millones, un 30 % menos que un año antes.
Esta cantidad es el resultado de sumar el déficit de caja del Estado para 2012 (33.397 millones) más 1.929 millones que se aportarán al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y 1.500 millones para el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores (FFPP).
Los cerca de 36.800 millones se obtendrán principalmente a través de la emisión de bonos y obligaciones del Estado, siendo "mínima" la financiación por letras, y elevarán la deuda en circulación hasta 628.900 millones de euros en 2012. De esa cifra, el 84,2 % serán bonos y obligaciones.
La vida media de la cartera de deuda descenderá ligeramente respecto a 2011, hasta colocarse en unos 6,2-6,4 años, ya que está previsto emitir menos deuda a plazos de 15 y 30 años.
La previsión del Ejecutivo es que la proporción de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas respecto al PIB aumente desde el 68,5 % de 2011 al 79,8 % previsto para 2012, aunque la de la Administración Central será del 60 %, casi ocho puntos más.
EL GASTO SOCIAL CAE UN 4,3%, REPRESENTA AUN EL 56% DEL TOTAL
Las pensiones acaparan el 37% del gasto (+3,2%), y los fondos para el desempleo se reducen un 5,5%
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recogen una caída del 4,3% del gasto social, hasta los 175.382,7 millones de euros, cifra que representa el 56,2% del gasto total, según consta en la presentación del Proyecto de PGE que recoge Europa Press.
El gasto social es fruto de las cantidades destinadas a actuaciones de protección y promoción social, que caen en conjunto un 3,9%, hasta los 168.250,4 millones, y de la producción de bienes públicos de carácer preferente, que experimenta un recorte del 13,1%, hasta los 7.132,2 millones de euros.
Dentro de las actuaciones de protección y promoción social, la única partida que registra un incremento es la corespondiente a pensiones, que crece un 3,2%, hasta 115.825,9 millones, y supone el 37,1% del total. El fomento del empleo, en cambio, cae un 21,3%, hasta los 5.764,7 millones, y el gasto en desempleo se sitúa en 28.805 millones, un 5,5% menos.
Los servicios sociales y promoción social caen un 15,7%, hasta 2.119 millones, y otras prestaciones económicas bajan un 11,5% y se sitúan en 12.014,4 millones.
El acceso a la vivienda y fomento de la edificación sufre un recorte del 31,7% y pasa de 1.200,1 millones a 820,1 millones, mientras que la gestión y administración de la Seguridad Social experimenta una rebaja del 62,7% y se sitúa en 2.901,1 millones.
CASI UN 22% MENOS PARA POLITICAS EDUCATIVAS
En cuanto a la producción de bienes públicos de carácter preferente, la educación sufre el mayor recorte, del 21,9, hasta los 2.220,1 millones, por delante de la cultura (-15,1%), hasta los 937,4 millones, y de la sanidad, cuyo gasto baja un 6,8% y se sitúa en 3.974,6 millones de euros.
En cuanto a servicios públicos básicos, el presupuesto destinado a políticas de Justicia se sitúa en 1.612,6 millones, un 5,9% menos, mientras que Defensa experimenta un recorte mayor, del 8,8%, hasta 6.261,3 millones. Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias mantienen casi el gasto (-0,6%), que se sitúa en 8.354,9 millones, mientras que la política exterior expermienta el mayor recorte de este capítulo, de un 38,9%, cifrándose en 1.680,1 millones.
INDUSTRIA Y ENERGIA REBAJA UN 32% EL GASTO
En cuanto a los fondos para las actuaciones de carácter económico, que caen un 17% de forma agregada, hasta los 27.129,8 millones, el mayor ajuste se hace en industria y energía (-32,3%), hasta los 1.897 millones. Agricultura, pesca y alimentación baja sólo un 0,8%, limitando el gasto a 8.510,6 millones, mientras comercio, turismo y Pyme experimenta un recorte mayor, del 22,5%, hasta los 1.109,9 millones, algo superior al gasto en infraestructuras, que baja un 22,1% y se sitúa en 6.897,9 millones.
RECORTE DEL 25,6% EN I+D
Las políticas de Investigación, desarollo e innovación civil sufren un recorte del 25,6%, hasta 5.633,2 millones, mientras que la I+d e innovación militar baja un 24,9% y se sitúa en 757,6 millones.
El capítulo de actuaciones de carácter general, que engloba el gasto en deuda pública, transferencias a otras administraciones públicas y el gasto de la Adminisración tributaria, es el único que ve elevados sus fondos, en concreto, un 13,8%, hasta los 91.404,3 millones.
El mayor incremento del gasto (+271,6%) va destinado a la Administración financiera y tributaria, con 5.237,5 millones, mientras que las transferencias a otras administraciones públicas suben un 16,1% y se sitúa en 49.685,4 millones, y los fondos para el pago de los intereses de la deuda pública crecren un 5,3% y se sitúan en 28.848 millones.
