Las defensas de los principales acusados en el juicio al "procés" han pedido hoy al Tribunal Supremo que cite como testigos al rey Felipe VI, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al del Gobierno Mariano Rajoy, y han alegado que no se les puede condenar por rebelión porque no hubo violencia.
En sus escritos de defensa, los acusados piden su absolución, porque representan a un movimiento pacífico que no ha alentado ninguna insurrección, y pasan a la ofensiva al denunciar que son víctimas de una "causa general" que pretende "escarmentar" y "descabezar" al independentismo, vulnerando sus derechos hasta el extremo de poner en "tela de juicio" a la democracia española.
Entre los testigos que solicitan las defensas para apuntalar sus argumentos exculpatorios en el juicio figura el rey Felipe VI, en este caso a petición del abogado del exlíder de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull.
Según han informado a Efe fuentes de su defensa, con la testifical del rey pretenden aclarar si hubo discrepancias entre la Zarzuela y la Moncloa sobre el discurso que pronunció Felipe VI dos días después del 1-O, alertando sobre la situación de "extrema gravedad" y apuntando que los "legítimos poderes del Estado" debían asegurar "el orden constitucional", la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno en Cataluña.Pese a esta petición, el rey está exento de concurrir a una citación judicial, según el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las defensas de los principales acusados también solicitan que comparezca como testigo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española, para que corrobore entre otros puntos si la intención del Gobierno catalán era abrir un proceso de negociación, como sostienen en sus alegatos.
También reclaman la testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, para que detalle, entre otros puntos, por qué no activó las prerrogativas de la Ley de Seguridad Nacional y propuso declarar el estado de excepción o de sitio si creía que los independentistas estaban tramando un "desafío golpista".
Otros testigos que solicitan las defensas son las del expresidente catalán Artur Mas; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y el lehendakari Iñigo Urkullu, que tuvo un papel negociador clave, así como del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, a la espera de ir a juicio por rebelión en la Audiencia Nacional.
En sus escritos, los acusados sostienen que no participaron en ningún alzamiento violento o tumultuario, porque no lo hubo, y denuncian que la causa a la cúpula del "procés" busca "escarmentar" a políticos "pacíficos" y "descabezar" al soberanismo porque no se comparten sus ideas.
En este sentido, apuntan que sus únicas armas eran las urnas y las papeletas, pese a que admiten que hubo como máximo actos aislados de "violencia activa y no simple resistencia pasiva" llevados a cabo por "unos pocos ciudadanos" el 1-O, donde la Policía y la Guardia Civil cargaron de forma "desproporcionada" e "indiscriminada" hasta el punto de cometer "actos de tortura".
"No es cierto que los acusados organizaran actos de violencia, sino que los altercados que se produjeron se explican fundamentalmente por decisiones del Gobierno español, que ordenó a la policía cargar contra personas indefensas yendo incluso más allá de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", resaltan los escritos de los diputados de JxCAT.
Precisamente, el abogado Jordi Pina ha asegurado hoy que sus clientes, Sànchez, Rull y Turull, irán al Supremo a "luchar" y a demostrar que no cometieron ningún delito al "obedecer la voluntad popular" del 1-O y ha sentenciado: "No se avergüenzan de nada de lo que han hecho".
En la misma línea, el exconseller de Interior Joaquim Forn asegura que no interfirió en los Mossos d'Esquadra, a los que no dio ninguna consigna política ni operativa, ni alentó un "alzamiento violento" de los ciudadanos contra las fuerzas de seguridad del Estado.
Los acusados, que resaltan su trayectoria en defensa de los derechos humanos y del pacifismo, coinciden en asegurar que no abandonaron nunca la vía del diálogo y la negociación para lograr la independencia de Cataluña por cauces pacíficos y democráticos, si bien lamentan que toparon con la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, el exvicepresidente Oriol Junqueras sostiene que la declaración de independencia que Carles Puigdemont dejó en suspenso el 10 de octubre y que el Parlament votó el 27 de octubre fue una "expresión" de "voluntad política" para generar un "escenario de negociación multilateral" basado en el respeto a los principios democráticos.
