Las defensas de los acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, han alegado en el primer día de juicio -dedicado a cuestiones previas-- vulneración de derechos fundamentales y han solicitado la suspensión de la vista. También han cuestionado la imparcialidad del tribunal juzgador, presidido por Pilar de la Oliva.
Este martes ha arrancado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el juicio por la pieza 3 del caso Gúrtel, en la que hay 13 personas acusadas, entre ellas, dos exconselleras del equipo de gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juicio ha comenzado con cuestiones previas, y las defensas de los acusados han insistido en solicitar la suspensión y retroacción de las actuaciones. En concreto, el letrado Juan Carlos Navarro, que representa al acusado Francisco Correa, considerado principal cabecilla de la trama, ha asegurado que en el momento en el que se elaboraron los escritos de defensa, los letrados no disponían de toda la prueba que obra en la causa -documentos y prueba pericial--.
Ha expuesto que desde noviembre de 2014 obra en Madrid, en la Audiencia Nacional, donde se instruye el grueso del caso G~rtel, una documentación intervenida en las entradas y registros a diferentes domicilios que previamente han estado en manos de la Agencia Tributaria y de la Policía. A estos papeles también ha tenido acceso el ministerio fiscal, pero no las defensas que no están personadas en Madrid, lo que les ha generado "indefensión". "Se nos está privando del derecho de contradicción. Lo que ocurre en Madrid, es otra historia", ha aseverado el letrado, al tiempo que ha alegado: "hay desigualdad de armas procesales".
Esta actuación afecta directamente, según ha mantenido, a la vulneración de los derechos fundamentales. Por este motivo, ha solicitado la suspensión del juicio para conseguir que se celebre en el tiempo una vista "con todas las garantías". También se ha referido a nulidad de escuchas y a detenciones irregulares por exceder el plazo legalmente previsto -más de 72 horas--.
El resto de abogados de acusados se han adherido a estas manifestaciones y, en concreto, el de la exconsellera y actual alcaldesa del PP de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, ha señalado que consideran que se les ha generado indefensión por no haber tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías. "No hemos podido traer las pruebas pertinentes", ha alegado el letrado José María López Coig.
"DEBE PARECERLO"
En relación con otras cuestiones previas planteadas, la letrada de Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha manifestado vulneración de un proceso público con todas garantías que implica un juez imparcial. A este respecto, ha señalado que los tres magistrados que juzgan Fitur ya se han pronunciado sobre numerosos recursos de los acusados y sobre el auto de procesamiento de esta pieza, con lo que podría estar contaminado. Ha dicho que "no solo el tribunal debe ser imparcial, sino que además debe parecerlo". Esta misma abogada ha aclarado que lo que el tribunal valenciano llama "trama valenciana de G~rtel, yo digo empresarios de Madrid y Valencia".
Por otro lado, Miguel Durán -ex director general de la ONCE--, letrado de otro de los presuntos cabecillas de la trama, Pablo Crespo, ha lamentado que su defendido lleve más de seis años "queriendo ser juzgado", pero ha apostillado que "tiene derecho a que se le juzgue con todas las garantías que establece la ley".
El letrado de Crespo, quien ha puntualizado que por su parte no ha existido intención dilatoria del proceso, ha cuestionado también la imparcialidad de uno de los magistrados del tribunal, Juan Climent, por "haber estado en el gobierno" del socialista Joan Lerma, junto al actual secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien es querellante ahora. "No sabemos cuál ha acabado siendo la relación entre Climent y Puig estos años", ha defendido. Así, ha lamentado que éste un juicio con tintes políticos.
Por su parte, el ministerio fiscal, en su turno, ha solicitado una nueva declaración testifical, la del extrabajador de Orange Market Juan Carlos Rincón, cuya intervención tuvo relevancia en la feria de turismo de la Comunitat, según ha expuesto. Así mismo, ha pedido que se mantengan otras testificales, entre ellas, la del exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.
