La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la reforma del Código Penal que deniega la libertad condicional a los condenados por corrupción que no devuelvan el dinero y castigará con multa las donaciones ilegales a los partidos hasta los 500.000 euros, y con pena de cárcel las superiores.
Un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, la Comisión ha dictaminado hoy, con el rechazo en bloque de la oposición, el proyecto estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura, que será aprobado la próxima semana en el Pleno extraordinario del día 21.
SALEN ADELANTE EL PAQUETE DE MEDIDAS
En la votación de las más de 900 enmiendas, de las cuales un tercio han sido aceptadas o transaccionadas, los populares han defendido la prisión permanente revisable y han mantenido en 16 años la edad de consentimiento sexual que recogía la reforma original, si bien el PP no descarta que se pueda bajar a 15 en la tramitación en el Senado, como sugiere el resto de grupos.
También ha salido adelante el paquete de medidas de lucha contra la corrupción, entre ellas, la exigencia a los condenados por estos delitos de devolver el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional.
El diputado popular Leopoldo Barreda ha explicado la enmienda por la cual los condenados por delitos contra la administración pública "deban cumplir sus responsabilidades pecuniarias y reparar el daño causado antes de acceder a la libertad condicional", es decir, el juez de vigilancia penitenciaria no concederá la libertad condicional si el condenado no devuelve el dinero sustraído.
Asimismo, el texto introduce el delito de financiación ilegal de los partidos para las personas que den o reciban donaciones ilegales. Se castigará con pena de multa las cantidades por debajo de los 500.000 euros y será delito las que lo superen.
La oposición ha considerado este umbral demasiado bajo al argumentar que la mayoría de las donaciones no alcanzan una cantidad tan elevada y por lo tanto no se castigará con prisión sino multa las donaciones de menos de 500.000 euros.
LAMENTOS DEL PSOE
El socialista Manuel de la Rocha ha lamentado que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales, que están "presentes" en la vida española como demuestran, ha citado, el caso de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, o el extesorero del PP Luis Bárcenas, por lo que ha propuesto bajar el tipo de 120.000 a 50.000 euros para considerarlo delito fiscal, lo que ha sido rechazado.
El texto mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga que la oposición ha pedido derogar, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.
No obstante, la novedad se encuentra en que el juez no podrá aplicar ambos castigos a la vez, es decir, deberá inclinarse por imponer una pena de prisión o una multa.
Por otra parte, el nuevo Código Penal castigará por primera vez en España "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) con una pena de tres meses a un año de prisión, así como el maltrato animal en espectáculos no autorizados legalmente, como las peleas de gallos y perros, con cárcel de seis meses a dos años.
La mayoría de los grupos parlamentarios han celebrado -a instancias de un acuerdo entre PP y ERC- la introducción de penas que aumentarán la protección a los animales en el ordenamiento jurídico español, que también castigará el abandono cuando la vida del animal esté en riesgo e inhabilitará de uno a tres años a los maltratadores para tener mascotas.
Por otra parte, la oposición ha denunciado el "atropello" en la tramitación del texto por introducir modificaciones importantes no sometidas a los informes de los órganos consultivos del Estado, aunque el PP ha explicado que los cambios atienden de hechos a las recomendaciones efectuadas por esos órganos, los partidos y diversos ámbitos de sociedad civil.
No lo ha entendido así el diputado Gaspar Llamazares de la Izquierda Plural que se ha desmarcado de la votación como muestra de "desobediencia" ante la tramitación exprés del articulado, que será aprobado la semana que viene por el Pleno de la cámara.
