El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha señalado en el Tribunal Supremo las diferencias entre la consulta del 9-N convocada por su Gobierno y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional y el 'proceso participativo' que se acabó celebrando y que no hubiera sido posible sin los 42.000 voluntarios y los 942 ayuntamientos catalanes que participaron en el mismo.
Mas se ha explicado de este modo durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra el exconseller de Presidencia y actual diputado del PDeCat Francesc Homs, para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
La única similitud entre dicha convocatoria y el proceso participativo, según ha explicado, es que ninguna de las dos tenía consecuencias jurídicas, "aunque evidentemente sí consecuencias políticas".
A partir de ahí todo lo demás eran diferencias entre una convocatoria y otra, según ha explicado el expresident, que ha añadido que desde un punto de vista político las dos perseguían la finalidad de conocer cuál era la opinión de la gente.
A preguntas de la defensa de Homs, Mas ha denunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió con "desprecio y burla en términos despectivos" al conocer la suspensión de la convocatoria inicial en septiembre de 2014.
EL FISCAL NO LE PREGUNTA
Antes de que comenzara a hablar, el presidente del tribunal Manuel Marchena ha advertido a Mas que aunque venía como testigo, y dado que ha sido juzgado por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estaba eximido de prestar juramento y podía evitar contestar a las preguntas que considerara que podían perjudicarle en su estrategia de defensa.
Mas ha comparecido como testigo de la defensa, que ejerce la abogada Eva Labarta. El fiscal Jaime Moreno, por tu parte, ha rechazado preguntarle "por su respeto a su situación procesal" por lo que su intervención en este juicio ha durado apenas 22 minutos
SOLO RECIBIERON UN CORREO
El expresident de la Generalitat ha hecho un recorrido por las fechas clave de la deriva soberanista recordando con especial hincapié en que, en relación a la consulta, tan solo recibieron un correo electrónico del TC dirigido a él mismo y en el que se invocaba la aplicación del artículo anteriormente citado.
Mas, que ha sido juzgado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también por la organización de la consulta del 9-N, ha mostrado su sorpresa de que la providencia del TC recibida al día siguiente por correo ordinario fuera la única notificación que les llegó en el plazo de un mes pese a conocer su intención de poner en marcha el proceso participativo. "Nadie nos requirió nada en más de un mes de tiempo", ha asegurado.
Mas también ha denunciado que el Ejecutivo popular actuó con "claro abuso de poder" al invocar al artículo 161.2 del Código Penal sobre la suspensión de leyes autonómicas en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional y que fue admitido a trámite por unanimidad del Pleno del alto tribunal.
"Nosotros reaccionamos ante la providencia y acordamos presentar un recurso delante del Tribunal Supremo porque entendíamos que el Gobierno había hecho un claro abuso de poder al invocar al artículo ese que le permite suspender cualquier norma. Además formulamos recurso de súplica ante el Constitucional para que nos aclararan qué es lo que había que suspender", ha expuesto ante el tribunal.
En relación a los antecedentes de la consulta, el expresidente de Cataluña ha asegurado que el Parlament catalán hizo un primer intento "de entenderse con el Estado español" al tratar de negociar los términos de la consulta con la intervención de tres de sus diputados en el Congreso.
"No se tomaron decisiones unilaterales, el pacto fue desoído y a partir de ahí se empezó a crear un marco legal para promover una consulta", basada, según ha explicado, en el respaldo popular al derecho a opinar.
EXCARGOS DE LA GENERALITAT DICEN QUE NO HUBO ORDEN DE PARAR LA CONSULTA
Por su parte, Excargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9N han testificado hoy en el juicio al diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.
El Tribunal Supremo ha reanudado hoy con más testigos el juicio a Francesc Homs, para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por celebrar dicha consulta el 9 de noviembre de 2014.
Al comienzo de su declaración el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana ha asegurado que el afecto que tiene por Homs no le impedía decir la verdad.
Ha recordado que el 24 de octubre de 2014 firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para que cediera los nombres y apellidos así como los domicilios de los mayores de 16 años empadronados en ayuntamientos catalanes a los que el entonces president Artur Mas remitió una carta para informarles del proceso de participativo del 9N.
Jordi Vilajoana ha añadido que se cedieron esos datos a la empresa que se encargó del envío de las cartas y que cree que el día 27 ya se habían remitido todas, es decir, antes de que el TC suspendiera la consulta.
Cuando el fiscal le ha vuelto a preguntar si los envíos no empezaron días más tarde, Jordi Vilajoana ha contestado: "Pues a lo mejor yo estoy equivocado de fechas, han pasado muchos años ya, pero yo creo que el 4 de noviembre -fecha de la providencia del TC- ya estaba todo enviado".
El exdirector del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina ha declarado que se trató de una cesión temporal de la base de datos y que se comprobó que se destruyó el 21 de noviembre.
Como el fiscal le ha advertido de que cedieron datos de menores, a preguntas de la abogada defensora ha aclarado que el convenio para la cesión de los datos se ajustó a la legalidad y que antes de firmarlo pidió informes a los servicios jurídicos, que le aseguraron que la cesión estaba amparada por la ley.
El exdirector general de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat Ignasi Genovés ha recordado que Francesc Homs ordenó una campaña de publicidad institucional del 9N que se encargó Media Planning con un presupuesto superior a 813.000 euros.
Ha añadido que conoció la providencia del TC de 4 de noviembre pero que no recibió encargo alguno para paralizar la campaña ya que la Generalitat pidió una aclaración de la misma.
Ignasi Genovés ha comentado que no le extrañó que no le dieran instrucciones para parar la campaña tras la providencia del TC y ha añadido que de hecho la consulta se celebró el día 9 "con toda normalidad", a lo que el fiscal le ha hecho una observación: "Si hubiera sido con normalidad no estaríamos aquí".
Sobre esta cuestión ha testificado una exdirectora general de la oficina de Barcelona de Media Plannig, Marta Coll, que ha explicado que solo podrían haber paralizado la campaña por orden judicial o de Autocontrol o por petición del cliente, lo que no se produjo en este caso.
La exresponsable de Publicidad Institucional del Departamento de Presidencia de la Generalitat Mónica Osacar ha dicho que la campaña de publicidad se encargó por vía de urgencia y que siguió tras la providencia del TC pues no recibió orden alguna para paralizarla.
"Para mí era una campaña más pues teníamos otras muchas de los demás departamentos y no hablamos de cómo afectaba la providencia del TC; íbamos a mil por hora", ha comentado la testigo.
El exdirector jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo del Departamento de Presidencia de la Generalitat Carles Fabró ha explicado que por decisión de Francesc Homs gestionó el montaje en un pabellón de la Fira de Barcelona del centro internacional de prensa para informar de los resultados del 9N ya que se esperaban unos 800 periodistas.
"La providencia del TC la conocí por los medios de comunicación pero no hablé con Francesc Homs sobre ella y no me di cuenta de que suspendiera las actuaciones ni recibí indicaciones para parar las gestiones", ha indicado. De todas formas ha aclarado que aunque el proceso se hubiera suspendido y se hubieran retirado las urnas la actividad se celebraría igualmente en aras al derecho de información.
El director del Área de Negocio Externo de Fira de Barcelona, Pere Camprubí, ha recordado que aunque el presupuesto inicial para la cesión del pabellón fue de 97.000 euros al final el coste se incrementó un diez por ciento.
El juicio seguirá esta tarde con más testigos, entre ellos el presidente de la Generalitat cuando se celebró el 9N Artur Mas, que precisamente está pendiente de sentencia por la celebración de esta consulta tras haber sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
