Los principales sindicatos y organizaciones de centros educativos privados concertados coinciden en que el sector está al borde de la "quiebra técnica" debido a los "recortes" de las condiciones sociolaborales de la enseñanza y de la financiación pública y al retraso de las administraciones en el pago.
En conferencia de prensa conjunta, el responsable del departamento jurídico de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), Luis Centeno, ha acusado al Ministerio de Educación de aplicar los ajustes "sin negociación ni diálogo", sino por la vía de "hechos consumados".
Suscriben tal denuncia la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UECoE), la Federación Española de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya y los sindicatos FSIE (mayoritario) y USO.
"Es un momento crítico, de extrema dificultad para la enseñanza concertada", de "enorme incertidumbre y gravedad", que sufre iguales "recortes", si no peores, que la educación pública, ha comentado Centeno.
Lo ha atribuido en gran parte al decreto-ley que permite aumentar el número máximo de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado y al que reduce en 2012 el módulo económico de concierto y, "retroactivamente" y "sin compensación", según los sindicatos, los salarios de personal de la educación concertada.
Según qué comunidades (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), se ha "generalizado" entre tres y seis meses el retraso del abono de la partida de "otros gastos" (de funcionamiento) a los centros concertados.
RETRASOS EN LOS PAGOS DE SUSTITUTOS
Las administraciones pagan las sustituciones de personal uno o dos años después de que se produzcan, al igual que la Seguridad Social de los religiosos que sirven en los colegios, lo que tiene que ser adelantado por los titulares de los centros, han explicado las organizaciones.
El aumento de la capacidad de las aulas hasta en un 20%, según decida cada comunidad, está sirviendo a "muchas" administraciones para "eliminar" unidades concertadas, o tienen que atender más estudiantes con menos medios.
Sobre el profesorado, denuncian que las bajadas salariales acumuladas desde 2010 llegan al 20% y que las rebajas en pago delegado significan una "ruptura" de la negociación colectiva. También lamentan la reducción del pago por sustituciones y la obligación de extinguir los contratos de interinos en el verano.
Centeno ha calculado en un 30% la pérdida histórica de la capacidad adquisitiva de los centros concertados desde 1993, mientras que los módulos de conciertos cubren sólo entre un 50 y 70% del coste efectivo.
El vicepresidente de CECE, Francisco José Flores, no ha descartado que algún centro educativo entre en concurso de acreedores si se prolongan de forma indefinida la situación de "no abono" de gastos de funcionamiento y si no se paga a los proveedores, aunque ha dudado que llegase a cerrar porque para ellos prevalece el derecho a la educación.
En general, ha explicado, no se ha observado un descenso de matriculados en la concertada que pudieran optar por la escuela pública, sino una mayor demanda, pero sí una caída de inscripciones en servicios complementarios por la reducción de ayudas públicas (comedor, transporte) y en actividades extraescolares.
Las organizaciones reclaman al Ministerio una reunión urgente de la mesa sectorial (hace más de un año que no se reúne) para analizar los efectos y la "reversión" de las medidas en cuanto sea posible. Han resaltado que la demanda de las familias es "muy alta" en la concertada, pues tiene mejores resultados, es mucho más eficiente que la pública con menos recursos y ahorra al Estado y las CCAA, han asegurado, unos 4.000 millones de euros anuales.
El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, ha indicado que todos los políticos reconocen el déficit de financiación del funcionamiento y salarios de la concertada, pero ninguno pone solución, situación que se consolidará, si no empeora, ha aventurado, en los Presupuestos de 2013.
El responsable de enseñanza de USO, Antonio Amate, ha calculado la pérdida salarial del profesorado de la concertada este año en un 4,5-7,5%, según las comunidades, y ha añadido que "todas las posibilidades" de movilización están abiertas.
La concertada está formada por 3.500 centros educativos en los que estudian 1,5 millones de alumnos (fundamentalmente de niveles obligatorios) atendidos por más de 150.000 trabajadores.
