La Generalitat de Catauña considerará "determinante" que los inmigrantes sepan catalán a la hora de certificar su esfuerzo de integración de cara a la futura aprobación de sus expedientes de arraigo, de reagrupación familiar o de renovación de residencia.
En aplicación de las leyes de Extranjería y de Acogida, la Generalitat deberá hacer las certificaciones del esfuerzo de integración, teniendo en cuenta informes de los ayuntamientos.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha defendido este martes tras el Consejo Ejecutivo que para hablar de plena integración debe haber conocimiento de la lengua propia, de manera que la Generalitat pondrá el acento" en saber catalán.
"Hasta donde podamos de la propia ley, iremos al máximo", ha añadido para justificar que el Govern vaya a considerar determinante el idioma, y no indispensable y obligatorio.
Homs ha recordado que la misma Ley de Acogida ya prevé programas de formación y certificación de conocimiento del catalán.
Para él, el nuevo Govern ya está demostrando que tiene una política clara, unificada y activa en inmigración, lo que ha contrastado con el "discurso buenista, que finalmente era neutralizante", durante los siete años de gobierno del tripartito.
Aunque no ha responsabilizado directamente al tripartito de todos los problemas de inmigración, ha dejado claro que no tener política unificada tiene "lógicas consecuencias".
Estas declaraciones llegan al día siguiente de que una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat reflejara que la mitad de catalanes cree que hay demasiados inmigrantes.
PLAN PARA L'HOSPITALET
Precisamente como ejemplo de las políticas del nuevo Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo ha aprobado este martes uno de sus planes piloto para promover la convivencia; esta vez, en los barrios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con más inmigrantes extranjeros, como ya ha hecho con otros municipios como Salt (Girona).
Para L'Hospitalet, la Generalitat invertirán este año 580.000 euros para actuar en los barrios de Collblanc-la Torrassa, la Florida-les Planes y Pubilla Cases-Can Serra, tras un acuerdo con el Estado y el Ayuntamiento.
