La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas. Se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda pendiente con proveedores y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.
Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este punto, recordó que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.
Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.
En cualquier caso, dijo que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga "mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.
"Es una medida que está pensada para la muy delicada situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas", subrayó la vicepresidenta, tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación "de una vez por todas".
En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la vicepresidenta se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.
EL GOBIERNO UNIFICA LOS ORGANISMOS REGULADORES, CON UN AHORRO DE 4 MILLONES
El Consejo de Ministros ha aprobado también un anteproyecto para unificar los ocho actuales organismos reguladores bajo un único paraguas, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, lo que reducirá el número de consejeros de 52 a 9, con un ahorro de cuatro millones de euros.
Sáenz de Santamaría, ha indicado que esta medida permitirá "evitar duplicidades, contradicciones en los informes, pérdidas de seguridad jurídica y desprotección del mercado y de los consumidores".
Según ha explicado, originalmente operaban la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a las que se sumó en 2007 la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). Tras la puesta en marcha de la Ley de Economía Sostenible, estos organismos, que en su opinión deben llamarse "supervisores" más que "reguladores", prácticamente se duplicaron con la incorporación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Comité de Regulación Ferroviaria.
"Buscamos transformar toda esta pluralidad en un único supervisor de estos mercados y de la competencia para incrementar la independencia, fortalecer la profesionalizar y ganar en competitividad y eficiencia", ha dicho.
En materia de independencia, la ministra portavoz del Gobierno ha explicado que la nueva Comisión contará con nueve miembros que serán propuestos por el Gobierno y que se someterán a una entrevista en el Congreso de los Diputados, que podrá vetarlos por mayoría absoluta.
Con esta medida se reducirá de 52 a 9 el número de consejeros, lo que permitirá un "importante ahorro para las arcas públicas", que en sueldos y retribuciones cifró en 4 millones de euros. "Imaginen esa cifra cómo se elevará cuando se racionalicen las sedes y las distintas actividades", indicó para añadir que "indudablemente va a haber un ahorro en sedes en el ámbito nacional, por cuanto ahora hay 8 sedes".
El anteproyecto de ley será ahora remitido a las autoridades supervisoras para su informe y a las instituciones competentes en materia de consumidores y usuarios.
