El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de un fondo para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, que se han estimado en un máximo de 18.000 millones de euros.
El anuncio lo ha hecho De Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que este mecanismo servirá para proporcionar a las comunidades financiación ante la dificultad con la que se encuentran actualmente.
Según ha explicado, algunas de las comunidades, que no ha citado, podrían llegar a situaciones límites por esas dificultades de financiación. El fondo, sin personalidad jurídica, se aprueba mediante un real-decreto ley y su adhesión por parte de las comunidades es voluntaria, pero conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras.
Así, las comunidades que se sumen deberán presentar planes de ajuste y estarán obligadas a dar información puntual sobre su situación e incluso podrán ser intervenidas si incumplen los vencimientos de deuda. Además, deberán respetar el principio de la consolidación financiera para que la senda de endeudamiento sea sostenible y permite que las cuentas no se vean desbordadas.
Se va a financiar por parte del Tesoro Público y la gestión va a corresponder al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El fondo dará préstamos a las comunidades, partiendo del coste de la financiación del Tesoro, más un diferencial reducido, ha detallado De Guindos. La vigencia de este mecanismo será indefinida, hasta que dejen de persistir los problemas para obtener liquidez.
Respecto al cálculo de los 18.000 millones de máximo, De Guindos ha informado de que la estimación la han hecho los ministerios de Economía y de Hacienda y que su uso dependerá de las comunidades que se adhieran, de los vencimientos y de su déficit.
Los 18.000 millones serán proporcionados por el Tesoro, que no va a modificar su calendario de emisiones, ha enfatizado Luis de Guindos. Parte de su financiación vendrá de un préstamo de Loterías del Estado, con cargo a sus ingresos de futuro por valor de 6.000 millones de euros.
SANTAMARÍA LLAMA A LAS COMUNIDADES A SER RESPONSABLES CON SU DÉFICIT
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho hoy un llamamiento a las autonomías para que hagan "un ejercicio de responsabilidad" y de "asunción de responsabilidades políticas" para controlar el déficit y reducir el gasto público, ante los sacrificios que se piden a los ciudadanos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha precisado que las autonomías tienen que combinar autogobierno y responsabilidad en unos momentos en que se está pidiendo a los ciudadanos "un gran esfuerzo".
A su juicio, todas las administraciones tienen que hacer el esfuerzo que les corresponde y cumplir con los objetivos de déficit. Tras recordar que algunas comunidades autónomas no pueden hacer frente a los vencimientos de deuda, se ha referido a que en este Consejo de Ministros se ha aprobado un mecanismo para ayudarlas en su financiación.
Sáenz de Santamaria ha destacado que algunas tienen un déficit "con el que no pueden funcionar" y tendrán que acudir a ese mecanismo extraordinario, pero ha advertido de que las condiciones "también serán extraordinarias". En su opinión, "si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones".
Ha añadido que cada una tendrá que decidir como lo hace, asumir el coste político y explicar a los ciudadanos que vía eligen. "No hay otro remedio -ha añadido- y podremos pedir a los ciudadanos esfuerzos si todas las administraciones y todos los cargos los hacemos". A las comunidades les ha pedido que se den cuenta de que "el autogobierno también tiene otra cara de la moneda que es la responsabilidad con los ciudadanos".
30% MENOS DE CONCEJALES
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma de la Administración local, que clarifica las competencias de los ayuntamientos, potencia las diputaciones, elimina las mancomunidades y suprime el 30% de los concejales y, en definitiva, reduce las estructuras burocráticas y políticas de España.
Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros, en rueda de prensa, donde ha comparecido para confirmar algunas medidas ya anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles en el Congreso como la reducción del 30 por ciento de concejales, que pasarán de 68.578 a 47.240.
El proyecto de ley, que se llamará de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, supone la aplicación de la ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones y calcula un ahorro de 3.500 millones de euros, de los que 700 saldrían de la supresión de las mancomunidades.
En total se suprimen 3.725 entidades locales menores, entre las que están las pedanías y las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependen.
SANIDAD Y EDUCACIÓN PASARÁN A SER COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS
El anteproyecto actualiza las competencias municipales, diferenciando con claridad las estatales de las autonómicas, y con el objetivo de que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias. Con esta reforma las competencias en sanidad y educación pasan definitivamente a las autonomías.
Por ello, Montoro ha dejado claro que la delimitación de competencias tendrá consecuencias en las autonomías y en la propia Administración General. También en la rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha argumentado que la reducción de concejales no se puede aplicar en este momento porque han sido elegidos en las pasadas elecciones municipales, y será en los próximos comicios cuando se lleve a cabo.
En concreto, y según la referencia del Consejo de Ministros, en las próximas elecciones municipales se elegirán 21.338 concejales menos. Además, la vicepresidenta ha comentado que el sueldo de alcaldes y concejales será "homogéneo en parámetros similares a la Administración del Estado", con la intención de que ningún alcalde ni presidente de Diputación cobre más que un ministro.
