El consorcio formado por Grupo México y Minorbis (filial 100% de Magtel), adjudicatario de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ha manifestado su "total respeto a las autoridades competentes" y ha reiterado haber cumplido los requisitos del concurso público "con estricto respeto de la ley".
En un comunicado, el consorcio se pronuncia así después de que el pasado miércoles se conociera el auto de admisión a trámite de la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, la otra empresa finalista, en el que la juez afirmaba que la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía se había realizado sin "el más mínimo rigor".
El consorcio ha explicado que el 11 de mayo, dentro del plazo de 60 días hábiles otorgado, comunicó a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta (DGIEM) la aceptación íntegra de la adjudicación a través de la Sociedad Minera Los Frailes S.L., como se indicaba en la oferta presentada durante el concurso público y de la que Grupo México y Minorbis son sus únicos socios, aportando toda la documentación exigida.
Grupo México y Minorbis han manifestado que durante todo el proceso, iniciado hace más de un año, cumplieron "escrupulosamente, y siempre con estricto respeto de la ley, los requisitos exigidos por las bases del concurso y por la Administración, incluida la acreditación de su solvencia técnica y económico-financiera y la presentación de una propuesta detallada del proyecto".
DÍAZ CRITICA QUE QUIERAN CONVERTIR LA ADJUDICACIÓN EN UN CASO DE CORRUPCIÓN
La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, considera que algunos quieren convertir "lo que es un problema de una adjudicación y de una mesa de contratación", en alusión al contencioso sobre la mina de Aznalcóllar, en un caso de corrupción "para hacer ruido" en la campaña electoral.
Díaz, que ha señalado en una entrevista en la Ser que conoció a través de un medio de comunicación el auto en el que se reprocha a la Junta que concediera "sin el más mínimo rigor" la explotación de la mina, ha recordado que lo primero que ha hecho es "mandar parar" aunque los servicios jurídicos de la Junta hayan dicho "con claridad" que se hizo "conforme a Derecho".
"Pero basta con que haya una sospecha para paralizarlo", ha remachado Díaz, que ha pedido, no obstante, agilidad en el proceso judicial porque hay "miles de personas" que llevan esperando diecisiete años la reapertura de la mina.
Tras subrayar que en el proceso de adjudicación no han participado políticos, sino trece funcionarios, ha recordado que el proceso se ha retransmitido "hasta por Internet", de forma que ha sido "uno de los más transparentes en un concurso".
Preguntada si cree que esto es un "fracaso político", ha respondido: "Esto es una pelea entre dos empresas por la adjudicación de un concurso, una empresa demanda a la otra, y también a la Junta, y los informes de los servicios jurídicos desmontan punto por punto lo que el auto dice", ha recordado.
"Quien quiera buscar aquí lo que no hay, allá ellos, yo he asumido lo que tengo que asumir, he actuado ante una sospecha, pese a que los servicios jurídicos digan que se ha actuado conforme a Derecho", ha reiterado.
Sobre la advertencia que IU dice que hizo cuando formaba parte del gobierno de coalición, ha recalcado que la primera adjudicación se hizo en abril de 2014 "con IU en el Gobierno" y ha agregado que en este proceso han participado todas las instituciones del Estado.
Interpelada, por otra parte, sobre la información publicada por el diario ABC en la que se asegura que Díaz ha "maniobrado" para tratar de apartar a la jueza Mercedes Alaya del caso de los ERE, ha señalado: "Esas son las mentiras de quienes son servidores de intereses no confesables".
"Estoy acostumbrada a que me ataquen a mi, lo que me parece grave es que se ponga en cuestión a la máxima autoridad judicial del Estado", ha reprochado.
