Los cuatro presuntos integrantes del aparato de captación e infraestructura de ETA y otros seis supuestos colaboradores de la banda que iban a ser juzgados hoy en la Audiencia Nacional han aceptado penas que oscilan entre un año y medio de prisión y tres años y cuatro meses.
El fiscal Carlos Bautista y las defensas han llegado a un acuerdo por el que Ibon Urrestarazu y Alaitz Iturrioz han aceptado tres años y cuatro meses de cárcel, e Igor Astibia y Maider Viso dos años de prisión, por un delito de integración por el que antes la Fiscalía solicitaba diez años.
Ninguno de los acusados ingresará en la cárcel al haber estado ya el tiempo suficiente en prisión preventiva.
Por su parte, Francisco Agustín Cabo, Iván Medina, Koldo Lekuona, Gustavo Fernández Villate, Jon Duque y María Margarita Eizagirre, para quiénes el Ministerio Público pedía ocho años de prisión por un delito de colaboración, han aceptado un año y seis meses de cárcel.
Todos los procesados han admitido los hechos por los que iban a ser juzgados ante el tribunal, y tres de ellos -Ibon Urrestarazu, Alaitz Iturrioz y Gustavo Fernández Villate- han querido destacar que están a favor de las vías democráticas.
"Hago mías las declaraciones de la izquierda abertzale de utilizar sólo las vías políticas", ha declarado Urrestarazu.
Según el escrito del fiscal, ciertos documentos intervenidos a dirigentes de ETA demostraron que la banda disponía de "un variado sistema de comunicación y de citas orgánicas" en diversas ciudades francesas a las que acudían "enlaces" que recibían instrucciones y facilitaban datos de posibles objetivos de la banda, además de prestar infraestructura y apoyo a miembros activos de la organización terrorista.
Así, estos papeles sitúan a Maider Viso, "Alaitz", en la estructura de captación en Vizcaya hasta finales de 2002, y constatan que habrían mantenido unas siete citas entre el 22 de mayo y el 30 de diciembre con una dirigente, Lorena Somoza, a la que facilitó nombres y datos de personas a captar.
Igor Astibia integró, asegura la Fiscalía, el subaparato de captaciones de ETA en Navarra hasta diciembre de 2002 y mantuvo varias citas con Ibon Fernández Iradi, "Susper".
De Urrestarazu e Iturrioz afirma que mantuvieron diversos encuentros con Fernández Iradi, que les proponía colaborar nuevamente con ETA y a quien prestaron la casa para ocultarse y confeccionar explosivos, además de facilitarle datos sobre los concejales socialistas Iñaki Dubrueil y José Antonio Dopazo y el popular Julio Herreros.
Además, Francisco Agustín Cabo habría prestado su domicilio de Antzuola para que fuera utilizado por integrantes de la banda, mientras que Iván Medina habría facilitado información sobre traficantes de drogas y bares del casco viejo de Pamplona a Garikoitz Mendioroz.
Respecto a Koldo Lekuona, el fiscal indica que en los documentos incautados se le presenta como poseedor de "información de 'txakurras' (policías)" y "dispuesto a 'dar caña'" y, sobre Gustavo Fernández Villate, apunta que su nombre aparece codificado en un folio encabezado con la expresión "Baraka Herg".
A Jon Duque le acusa de prestar su vehículo para que fuera utilizado por la organización, y recuerda que en el registro practicado en su domicilio se encontró un censo electoral de Portugalete (Bizkaia) en el que se habían marcado con una cruz nombres como el de la concejal PSE Esther Cabezudo o el exsecretario general de UGT Nicolás Redondo.
En cuanto a María Margarita Eizaguirre, el fiscal precisa que mantuvo relación de amistad con "Susper", quien le pidió en febrero de 2001 que le dejara pasar un corto espacio de tiempo en su casa.
