Los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán en 2011 se han negado a declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por la comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.
Todos ellos se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía y el resto de acusaciones y tampoco han querido contestar a sus abogados o los del resto de acusados.
El presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, ha dado por finalizado la sesión del juicio para este lunes por lo que la vista oral se reanudará mañana con las declaraciones de los agentes de la Policía Autonómica presentes durante el asedio.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para cada uno de ellos y reclama que se les imponga, además, una multa de 7.500 euros. Por su parte, la acusación popular reclama 9 años de prisión ya que imputa a los manifestantes, además, un delito de atentado contra la autoridad y otro de asociación ilícita.
Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals consideran que los manifestantes provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la Cámara catalana.
En sus conclusiones preliminares destacan que los diputados -incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que debió acceder al recinto con el "método absolutamente inhabitual" del helicóptero--fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso, con empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos.
Tras señalar que los acusados tuvieron una activa intervención en estos hechos, los fiscales apuntan a que todos ellos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias" para impedir la asistencia de los diputados al pleno, que empezó con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.
VIDEOCONFERENCIA DESDE EL DESPACHO DE ARTUR MAS
Está previsto que Mas declare el jueves 3 de abril por videoconferencia desde su despacho en el Parlament, y entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación está el acoso al que fue sometido cuando su vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía.
Uno de los acusados interceptó el coche oficial colocando sus manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear; unos metros más adelante, el coche fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta, lo que "no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado".
Al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los otros coches de la comitiva cuyos integrantes se vieron obligados a buscar un lugar seguro para posteriormente trasladar al presidente en helicóptero, método que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, que declarará el miércoles también por videoconferencia.
Los manifestantes también "increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos" al diputado invidente de CiU Josep Maria Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" a Alfons López Tena (SI), y también sufrieron acoso los diputados Joan Boada, Gerard Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.
MANIFESTACION CONTRA RECORTES
Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlament. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra -como vallas, hormigón, cuerdas y maderas- en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.
Ante la "concentración masiva" de personas y el "bloqueo" de los acceso al parque de la Ciutadella, los diputados accedieron por la calle Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".
