El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral ha retirado la acusación por un delito de malversación de caudales públicos que imputaba a cuatro de los 20 acusados en el juicio contra los integrantes de Udalbiltza Kursaal, por el que pedía cinco años de cárcel, al tiempo que ha mantenido para todos ellos la petición de diez años por integración en organización terrorista, al entender que la plataforma constituía una "cortina de legalidad" de la banda para lograr "la construcción nacional".
Durante una nueva sesión del juicio, que se ha reanudado este lunes, el representante del Ministerio Público ha solicitado que Xabier Alegría, Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa y Xabier Iragorri sean acusados únicamente del delito de pertenencia a banda armada, que también se atribuye a los otros 16 procesados.
Sin embargo, ha mantenido los cargos de terrorismo para los 20 acusados porque, según ha dicho, tenían una "cualificación importantísima" en Udalbiltza Kursaal, que desde su creación como asamblea de electos de Batasuna en 2001, se integró en el frente político-institucional de ETA, "de cuya existencia nadie duda", con el objetivo de impulsar su "proyecto de creación nacional". Así, funcionaba como "una cortina de legalidad" para que la banda pudiera "realizar actividades ilegales o cuando menos alegales".
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en el proceso, elevó a definitiva su petición de entre 14 y 22 años de cárcel para los 20 acusados por los mismos delitos. Además, ha retirado la solicitud de un año que reclamaba a dos de ellos por un delito de desobediencia grave.
En el banquillo de los acusados se sientan cargos públicos y trabajadores que formaron parte de Udalbiltza Kursaal a partir de febrero de 2001. Entre ellos se encuentran Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva; y Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y responsable de los asuntos económicos de la entidad.
DNI, CENSO Y MINISTERIOS VASCOS
En su informe definitivo de conclusiones, el fiscal ha explicado que la Udalbiltza ideada por ETA tenía entre sus objetivos garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones, crear un documento nacional de identidad con el que consolidar la "ciudadanía vasca", elaborar un censo de Euskal Herria en el que se incluyeran los habitantes de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y las tres provincias vasco-francesas, y alcanzar finalmente un "gobierno provisional" formado por distintos departamentos o "ministerios".
Así consta en documentos intervenidos al miembro de Gestoras Pro Amnistía Julen Larrinaga, al integrante de EKIN Rubén Nieto y a la propia ETA a través de sus 'zutabes' o boletines internos, según expuso el fiscal ante el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que juzga los hechos.
El responsable de la acusación pública se ha remontado hasta 1979 para señalar que Udalbiltza tuvo como antecedente la denominada 'Euskal Herriko Batzarra Nazionala', organismo concebido como "órgano de contrapoder popular vasco" que ETA quiso recuperar en 1995 para "lograr la construcción nacional y poner al Estado español en la tesitura de tener que llegar a una negociación".
DOS UDALBILTZAS DISTINTAS
Para ello, según su relato, incorporó al PNV y EA, cuyos represenantes municipales se integraron en este proyecto tras la firma del acuerdo de Lizarra el 12 de septiembre de 1998, que coincidió con la tregua que la banda terrorista ETA decretó entre septiembre de ese año y noviembre de 1999. "En 2000 el PNV y EA no se fían de la banda y prefieren confiar en el resultado de las elecciones, por lo que se desmarcan de Udalbiltza", ha explicado.
El fiscal ha desligado a los representantes de los "partidos soberanistas democráticos" de la asamblea impulsada a partir de febrero de 2001 con un acto en el Kursaal de San Sebastián porque, a su entender, la nueva plataforma era "una Udalbiltza distinta", "liderada por ETA con carácter solitario", con "una nueva denominación" e integrada únicamente por "cargos electos de la izquierda abertzale y miembros de AEK, Jarrai y otras organizaciones sindicales".
"Su creación asusta a los Gobiernos español y francés, al PNV y a EA. Hay que sacar a Udalbiltza del tira y afloja de los partidos políticos y crear una institución con vida y actividad propia", defendía la banda en un 'zutabe' interno referido por el fiscal, quien ha subrayado la "directa vinculación entre la suspensión y refundación de Udalbiltza y el cese de la tregua" de 1998.
MEDIOS DE FINANCIACION
Según el fiscal, Udalbiltza Kursaal estaba formada por 66 ayuntamientos que aportaban un 1 por ciento de sus respectivos presupuestos a la asamblea o bien un 1,4 de sus ingresos ordinarios. Los primeros en realizar esta aportación económica fueron los consistorios de Oyarzun, Astigarraga y Zaldivia, todos ellos guipuzcoanos y controlados en aquel momento por Batasuna.
En concreto, de los ayuntamientos que integraban la asamblea de electos de Batasuna un total de 33 pertenecían a la provincia de Guipúzcoa, 12 se enconntraban en Vizcaya, 19 en Navarra y dos en Alava. Además, recibían donaciones voluntarias de particulares y empresas. El presupuesto de Udalbiltza Kursaal ascendió en 2003 a 738.498 euros.
A este respecto, Moral ha indicado que entre las pruebas que maneja el tribunal se encuentra una carta dirigida al futbolista vasco-francés Bicente Lizarazu en la que la banda, tras solicitarle el pago del impuesto revolucionario, le indicaba que entre las posibilidades de las que dispone para dirigir esta ayuda se encontraba la de entregársela a los movimiento que trabajan para la construcción nacional de Euskal Herria, entre los que citaba a Udalbiltza.
DOS ACUSADOS MENOS
Además de Xabier Alegría y Joseba Mikel Garmendia, se sientan en el banquillo de los acusados los concejales Miren Karmele Urbistondo (Urnieta), Oscar Goñi (Vera de Bidasoa) y Larraitz Sanzberro (Oiartzun). El resto de procesado son Leire Idoyaga, José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
El tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, dictó orden de busca y captura contra el supuesto responsable de Udalbiltza Kursaal en Francia, Xarlo Etxecaharreta, que no se presentó a la vista oral, y retiró la acusación contra Miriam Campos, al constar que fue juzgada por los mismos hechos en el proceso que la Audiencia Nacional siguió contra KAS, EKIN y XAKI.
