La Comisión de Sanidad del Senado ha dado luz verde a la reforma del aborto para impedir que las menores puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno para su aprobación en el Pleno, el 9 de septiembre, tras rechazar, con los votos del PP, los siete vetos de la oposición a esta iniciativa. Los grupos de la oposición en bloque han coincidido en calificar la propuesta del PP de "innecesaria", "injustificada", "retrógrada", "reaccionaria" y "electoralista", mientras que los populares han defendido la modificación por considerarla "importante, necesaria y urgente".
Tras el rechazo de todos los vetos, por 16 votos en contra del PP, frente a los 9 a favor del PSOE, la Entesa, el Grupo Vasco y el Mixto y una abstención de CiU, la reforma será debatida y votada, junto a las 35 enmiendas de los distintos grupos de la oposición, en el Pleno de Senado del próximo 9 de septiembre.
La senadora del PP María del Carmen Aragón ha rechazado que esta iniciativa sea "electoralista y baladí", al tiempo que ha asegurado que "el aborto es un trauma tremendo y, en ese momento, las mujeres y las jóvenes necesitan compañía". Ha argumentado que con esta iniciativa no solo se pretende defender que las menores vayan acompañadas a interrumpir su embarazo, sino que los padres tengan el derecho a proteger a sus hijas y, en el caso de maltrato, ha remitido a la aplicación del Código Civil.
Desde el PSOE, la senadora María Isabel Flores ha considerado "una burla a los derechos de las mujeres" la tramitación de la reforma en los meses de verano, conjuntamente con los Presupuestos Generales del Estado.
Flores ha apuntado que es una ley "innecesaria" e "ideológica", diseñada para "hacer un guiño" al electorado del PP, y "de trueque", puesto que, a su juicio, "cambia derechos de las mujeres por votos".
La portavoz de la Entesa Mónica Almiñana ha resaltado que "la reforma intenta arreglar o maquillar unas cosas y puede empeorar otras" y ha alertado de que las jóvenes que no tienen dinero "se verán obligadas a buscar otras vías en clínicas clandestinas". Almiñana ha asegurado que resulta difícil de entender que al introducir esta modificación una joven de esa edad con cáncer pueda decidir sobre su enfermedad y no sobre su embarazo. "Esta reforma no va a satisfacer a nadie, ni al Gobierno, ni al PP, ni a los que demandan que se vuelva a la noche oscura de la interrupción como una ilegalidad calificada como delito", ha recalcado Jesús Enrique Iglesias, de IU.
Para el parlamentario de IU, no existe esa alarma que alega el PP para cambiar ese aspecto, porque del total de abortos practicados en España el 3,6 por ciento fueron de jóvenes de 16 y 17 años y de ellos en el 87 por ciento de los casos los padres fueron informados.
A juicio de la senadora Ester Capella, de ERC, "el único objetivo es imponer una determina moral" y solo "pretende acallar las voces de la Conferencia Episcopal". Según la senadora catalana, la nueva ley "limita derechos porque prohíbe ejercerlos" y ha defendido la actual legislación porque "no obliga a abortar".
En su primera intervención en una Comisión del Senado, la representante de Podemos Maribel Mora ha manifestado que la reforma supone "una vulneración de los derechos humanos para las mujeres" y una "desprotección y desamparo" para las menores de 16 y 17 años en situación de vulnerabilidad, abuso o maltrato. "No existe ninguna demanda social, ni ningún argumento científico o social para promover esta reforma, que va a abocar a las mujeres a abortos clandestinos e ilegales y va a suponer un retroceso para los derechos de las mujeres, imponiendo el PP su mayoría absoluta", ha afirmado Mora.
La senadora de CC María del Mar del Pino Julios Reyes ha rechazado la reforma porque, desde su punto de vista, supone una "una vuelta atrás a la España oscura" en los derechos de la mujer y "pone en peligro" a las jóvenes de 16 y 17 años, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica y que no quieren continuar con su embarazo, abocándolas a un aborto clandestino.
