El Estado subvencionará con 21.633,33 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos políticos obtengan en las elecciones generales de este domingo y con 79 céntimos cada voto recibido a la Cámara Baja, siempre que esos sufragios se hayan traducido en escaños. En las legislativas de 2008 se pagaron 21.167,64 euros por escaño en las Cortes, casi 500 euros menos que ahora.
El importe lo estableció el Ministerio de Economía y Hacienda en una orden en la que se fijó las cuantías de las subvenciones a los gastos electorales con vistas a los comicios de noviembre.
Por un lado, se determina que cada escaño obtenido en el Congreso o en el Senado será subvencionado con 21.633,33 euros y que se otorgarán 83 céntimos por voto obtenido por cada lista al Congreso y 33 céntimos por voto a cada candidatura al Senado siempre y cuando esos sufragios se hayan traducido en escaños en esa circunscripción.
Según decidió el Ministerio de Economía, la cuantía de las subvenciones se ha actualizado mediante la aplicación del IPC hasta agosto de 2010, ya que la reforma de la Ley Electoral del pasado mes de enero impuso la congelación durante 2011 de todas las partidas electorales.
Además, Economía ha actualizado el límite de gastos electorales en la campaña electoral, que será el resultante de multiplicar por 33 céntimos el número de habitantes de la población de derecho en las circunscripciones donde presente candidatura cada partido. Hace cuatro años eran 37 céntimos, pero la reforma electoral de enero aplicó una reducción del 15 por ciento sobre la cifra actualizada.
Por otro lado, y en el capítulo de ayudas a la propaganda electoral gratuita por correo (mailing), se ha determinado que el Estado abonará 22 céntimos por cada elector de cada circunscripción en las que se haya presentado lista al Congreso y al Senado, todo ello condicionado a que esa formación consiga formar grupo parlamentario en la Cámara correspondiente.
Conforme a la legislación vigente, el importe de esta subvención al 'mailing' no computará dentro del límite de gasto para la campaña electoral al que debe atenerse cada partido.
