El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías ha usado la misma estrategia que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el juez de Sevilla que investiga cómo la Junta de Andalucía pagó los ERE, se ha negado ha contestar y se ha remitido a lo que dijo ante el Tribunal Supremo.
Tras menos de diez minutos ante el juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, Zarrías ha salido de la sala, ha saludado a algunos ciudadanos en los pasillos de los juzgados y ha optado por salir por la puerta principal del edificio judicial tras darle la opción de hacerlo por la trasera.
Antes que Zarrías, comparecieron por la misma pieza relativa al procedimiento empleado por la Junta para pagar los ERE los exconsejeros de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y de Economía Antonio Ávila, que tampoco declararon y se remitieron a lo que dijeron en abril de 2015 en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Tras comparecer y salir del juzgado, Aguayo fue rodeada durante unos minutos por los informadores gráficos, y para evitar lo mismo, Ávila salió por la puerta trasera, mientras que poco después Zarrías lo hacía por la delantera, donde le esperaba un coche aparcado tras numerosos cámaras de televisión y de fotografía.
El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha criticado que la citación de hoy forma parte "de un juicio paralelo con una finalidad claramente política" y además "en perjuicio" de la imagen del político, que "ha tenido que soportar un zarandeo" y empujones a la entrada de los juzgados, según ha denunciado.
En las comparecencias de hoy no se ha registrado ninguna concentración de ciudadanos ante la puerta de los juzgados, como sí ocurrió el 16 de marzo cuando se citó a los expresidentes Chaves y Griñán, que fueron increpados.
El 16 de abril de 2015, Zarrías dijo en el Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía eran legales y tuvieron el visto bueno del interventor.
El exdiputado socialista respondió a las preguntas del magistrado del alto tribunal Alberto Jorge Barreiro y aseguró que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por la Comisión General de Viceconsejeros, los llamados "consejillos", siempre llevaban el informe favorable del interventor general.
En las breves comparecencias de hoy de Zarrías, Aguayo y Ávila se ha repetido el mismo esquema: todos se han remitido a sus declaraciones del año pasado en el TSJA y en el Tribunal Supremo cuando eran aforados y se han negado a contestar a nuevas cuestiones.
También se ha producido un debate jurídico sobre si era pertinente dejar constancia de las preguntas que quería formular la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que los tres habían manifestado su intención de no contestar.
El juez ha concluido que se podía dejar constancia por escrito de las preguntas de la Fiscalía, a lo que se han opuesto la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, así como los abogados de la exconsejera y de Zarrías, que ha lamentado el hecho de que se hagan esas preguntas para que luego trasciendan a los medios de comunicación.
Una vez zanjado el debate, la Fiscalía ha preguntado a Zarrías por una carta que había en el expediente de la empresa Primayor que había enviado el comité de empresa sobre el cobro de nóminas, un asunto que se habría arreglado tras su intervención, han señalado fuentes judiciales.
A Martínez Aguayo y a Ávila, la Fiscalía les ha preguntado si conocían los informes ejecutivos que la Intervención de la Junta de Andalucía mandaba a los miembros del consejo rector de la agencia pública Idea, quienes a su vez pertenecían a las empresas públicas de la Administración andaluza.
Además, la Fiscalía ha preguntado a Ávila si, dada su participación activa en el consejo rector de Idea, se produjo en más ocasiones lo ocurrido en noviembre de 2003, cuando el secretario advirtió de un informe contrario de la Intervención para conceder una ayuda a Sandetel.
