El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha negado hoy en el Tribunal Supremo haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y ha atribuido la responsabilidad a sus subordinados.
La comparecencia de Viera es la primera de la que en los próximos días harán cinco aforados, imputados ante el Supremo por este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Alberto Jorge Barreiro, el juez instructor del caso en el Supremo, quien ha comunicado a Viera que comparecía con relación a supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha centrado su interrogatorio, según fuentes presentes en la declaración, en el informe de los peritos de la Intervención General del Estado sobre las ayudas irregulares.
Viera ha respondido también a las preguntas del fiscal, ante quien ha negado haber intervenido en el diseño y aprobación de la normativa que llevó a la concesión de las citadas ayudas irregulares. También ha negado haber intervenido en la concesión de las mismas, según fuentes presentes en el interrogatorio.
La negativa de Viera ha llegado hasta el punto de que uno de los dos fiscales de la causa le ha preguntado, en tono irónico, cuál era entonces su función como consejero de Empleo. Entonces Viera ha explicado que él se dedicaba a la acción política.
El imputado, que ha comparecido durante unas cuatro horas, ha asegurado al magistrado instructor que se limitaba a firmar lo que le pasaban sus subordinados y, en concreto, ha aludido a la Dirección General de Trabajo. Francisco Javier Guerrero, imputado en esta causa, era responsable de ese departamento.
Así, las respuestas del declarante ante las preguntas del juez se ha centrado en tres ideas: que se limitó a aplicar la legalidad aprobada por el Parlamento de Andalucía, que la responsable del gasto y de los convenios de ayudas era la ya citada Dirección General y que si hubiera advertido alguna irregularidad en los ERE la habría denunciado.
De este modo, siempre según diversas fuentes presentes en la declaración, ha señalado que ha conocido las irregularidades por los autos judiciales porque se limitó a firmar los documentos en su mesa en la confianza de que habían pasado los informes técnicos jurídicos y fiscalizadores.
En este sentido ha apuntado a sus subordinados y ha asegurado desconocer el procedimiento jurídico articulado por su Consejería para trasladar importantes cantidades de dinero desde la Junta hasta las empresas ayudadas.
En la declaración de Viera ha estado presente, en representación de la acción popular, el abogado de la organización Manos Limpias, que representa a esta parte en el proceso, a cuyas preguntas no ha querido responder Viera, que tampoco ha querido hacer declaraciones a la prensa a su salida del Tribunal.
La otra parte de la acción popular, ejercida por los letrados del PP andaluz, no ha presenciado la declaración, en cumplimiento de un auto del magistrado del Supremo conocido desde hace semanas.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, aplazó ayer las declaraciones de trece implicados en la causa a petición del PP andaluz, cuyos letrados querían asistir hoy a la declaración de Viera, a pesar de que el tribunal les había informado ya de que iban a actuar en la causa a través de Manos Limpias y no estaban autorizados a estar presentes.
El próximo 9 de abril llegará el turno de Griñán; el 14 de abril comparecerá Manuel Chaves; el 16 de abril, Gaspar Zarrías, y el 21 de abril, Mar Moreno. El expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías son diputados y Griñán y Mar Moreno son senadores.
AVILA DEFIENDE SU HONESTIDAD
Entre tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha interrogado hoy -en el sumario del Caso ERE que instruye- al exconsejero andaluz de Economía e Innovación Antonio Ávila, aforado ante esta instancia por ser parlamentario autonómico y que ha prestado declaración voluntaria.
Ávila ha declarado a su salida del alto tribunal andaluz, donde ha declarado durante algo más de dos horas, que no ha participado en "ningún tipo de irregularidad".
El magistrado del TSJA no ha adoptado ninguna medida cautelar (nadie lo ha pedido) y tampoco tomará en principio ninguna decisión "de fondo" sobre el asunto, según han informado a Efe fuentes judiciales.
