La plataforma de transporte compartido Uber anunció hoy la suspensión temporal de su actividad en España después de nueve meses de funcionamiento, un periodo caracterizado por la polémica con numerosas movilizaciones, huelgas de taxistas y multas a los conductores y a la empresa.
De esta manera, Uber cumple con una orden del juzgado de lo mercantil que responde a una denuncia de la Asociación Madrileña del Taxi por competencia desleal y que le ordena el cese de sus actividades en todo el territorio nacional.
La Asociación de taxistas celebra que se haya ganado "la primera batalla" a la plataforma Uber, aunque ha advertido de que "esta guerra va a ser larga y costosa".
En cualquier caso, la plataforma deja abierta la puerta a nuevas opciones "para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos", y aboga por desarrollar "un nuevo y necesario marco regulatorio".
La aplicación Uber llegó a España el pasado abril, en concreto a Barcelona, después en septiembre a Madrid y en octubre a Valencia, tras operar en varios países, en pleno auge de las aplicaciones ('apps') de ahorro para el ciudadano.
El pasado 9 de diciembre, un juez de Madrid ordenó el cese de actividad y su prohibición, una decisión que fue calificada por Uber de "desproporcionada y discriminatoria", y que, según la empresa, trataba de "frenar la innovación y la propuesta de nuevos servicios tecnológicos en España".
En los últimos días, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid había enviado a las empresas de telecomunicaciones que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos, la orden de que dejaran de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido.
La plataforma expresó su sorpresa por la "celeridad excesiva" con la que actuaron determinados operadores de telecomunicaciones ante "tan inusual y desproporcionado" requerimiento.
Además, hizo hincapié en que la sentencia violaba la Constitución española "y el artículo 6 y 13 de la Convención europea de los Derechos Humanos, que garantizan a los acusados el derecho de una defensa judicial justa" y añadió que entraba en conflicto con las leyes europeas, en particular con los principios de libertad de prestación de servicios.
La Comisión Europea (CE) tiene previsto decidir en 2015 si considera la contratación de vehículos a través del teléfono móvil que ofrece Uber como un servicio de transporte o como uno tecnológico.
El Ejecutivo comunitario analiza la cuestión porque Uber ha presentado una queja contra Francia en la que denuncia que la normativa nacional, en la que el Gobierno francés fundamenta su intención de prohibir este servicio, viola el derecho comunitario.
