El Tribunal de Cuentas ha denunciado la existencia de un "posible reparto previo" de la asignación de recursos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales entre CC.OO. y UGT, ejecutado con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas y "que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan".
En su informe sobre los primeros ocho ejercicios de la Fundación, según informa la agencia Europa Press, la institución completa su denuncia remarcando que, además, la comisión delegada de la entidad, que debería ser la que controlase la labor de la fundación, no cuenta con la asistencia de los miembros de la Administración, que apenas van a las reuniones.
"La reiterada falta de asistencia a las reuniones de la Comisión Delegada por parte de los miembros pertenecientes a la Administración General del Estado podría provocar una insuficiente defensa de los intereses de dicha Administración General del Estado, cuya representación ostentan, lo que podría afectar al grado de eficacia y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos públicos", avisa el Tribunal.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que comenzó a operar en el año 2000 y que está integrada en el sector público estatal, destinó a las actividades de prevención de riesgos laborales en los ejercicios 2007 y 2008 un total de 27,1 millones y de 26,67 millones de euros, respectivamente, lo que representó un 10,38% y un 9,34% en relación con el importe total destinado por el sector público estatal a estos conceptos en dichos ejercicios. UN 90,2% DE ACTUACIONES DE SINDICATOS
En ese periodo, se destaca que tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato de la Fundación (Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud -ISTAS-, y la Confederación Intersindical Galega), solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas.
Porcentajes "casi idénticos" de ambas centrales sindicales
En este sentido, se explica que el porcentaje ejecutado por UGT fue del 44,3% del importe total de las acciones directas aprobadas, mientras que el ISTAS, adscrito a CC.OO., alcanzó un 44,1%. "La existencia de porcentajes casi idénticos en la ejecución de acciones directas entre las organizaciones sindicales más representativas que forman parte del Patronato de la Fundación, reiterados a lo largo de las diferentes Convocatorias de asignación de recursos aprobadas por la Fundación, denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación, con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas, que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan las acciones", argumenta el Tribunal.
El 9,8% restante de las actuaciones en este periodo fue ejecutado por empresas privadas, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Asimismo, señala que, desde la primera Convocatoria de asignación de recursos aprobada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el año 2000 hasta la Convocatoria del año 2007, las mismas organizaciones sindicales y sus entidades vinculadas que, en su calidad de Patronos de la Fundación, propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones.
