El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha alertado hoy sobre la falta de personal que aqueja a la institución que dirige, en particular la unidad que vigila la contabilidad de los partidos políticos, lo que ha obligado a trasferir profesionales de otras áreas de fiscalización. Así lo ha asegurado Álvarez de Miranda en la presentación hoy en el Congreso del informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos y de sus fundaciones de los ejercicios 2009 a 2011.
Ante esta situación, el presidente del órgano fiscalizador ha avanzado que su intención es reforzar esa unidad de "manera permanente", por lo que sería "imprescindible" incorporar nuevo personal al tribunal.
Sobre el contenido del informe, publicado hace mes y medio, Álvarez de Miranda ha destacado la situación "crónica" de casi una veintena de partidos que en 2011 cerraron con patrimonio neto negativo, conocido como "quiebra técnica".
"La situación además está empeorando y puede suponer un riesgo de cara al futuro", ha avisado.
El mayor saldo patrimonial negativo al cierre de 2011 lo tenía Unió Democrática de Cataluña (UDC) con 11,2 millones de euros, seguida de la coalición en la que está integrada -CiU- con 10,1 millones y de Izquierda Unida con 8,5 millones.
273 MILLONES DE DEUDA DE LOS PARTIDOS EN 2011
La deuda que tenían los partidos con entidades de crédito ascendió a 275,3 millones de euros en 2011, cifra que fue de 218,4 en 2010, y de 237 millones de euros un año antes.
Una de estas formaciones, Izquierda Unida, renegoció varios créditos en 2009, consiguiendo la condonación de los intereses de demora por importe de medio millón de euros.
El informe también incide en que varios partidos entregaron sus cuentas fuera de plazo, destacando en este apartado las diferentes federaciones de Izquierda Unida.
En cuanto a las donaciones privadas, los partidos obtuvieron 8,7 millones en 2011, siete millones en 2010 y 6,2 millones en 2009, y se detectaron en esos años diversas irregularidades.
Así, Unió Democrática de Cataluña (UDC), Coalición Canaria y el PP recibieron donaciones de personas jurídicas que mantenían contratos con las administraciones públicas, incumpliendo así la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.
Izquierda Unida de Andalucía recibió cerca de 300.000 euros de donantes no identificados, al igual que el Partido Aragonés (82.000 euros), mientras que el PSOE, PSC e IU ingresaron donaciones en cuentas bancarias no destinadas exclusivamente a este fin.
También se refiere el tribunal a la financiación de UPyD por medio de bonos al portador -cerca de 400.000 euros en tres años- y en el que se desconoce el número de bonos emitidos o el plazo de devolución de la deuda.
El Tribunal de Cuentas ha detectado asimismo remanentes de subvenciones para gastos de seguridad que deberán ser reintegrados al Estado.
REGISTRO DE FUNDACIONES
En su réplica a Álvarez de Miranda, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, ha echado en falta que el informe haga alguna mención a la supuesta contabilidad B en el PP.
En esta misma línea, el diputado socialista Cipriá Císcar ha asegurado que el informe refleja las cuentas que los partidos han entregado al tribunal, pero el problema es que ha podido existir "ocultación".
"En ningún partido debe entrar un solo euro que no esté reflejado en las únicas cuentas que puede haber, como tampoco debe salir un solo euro sin que esté reflejado en la contabilidad. Eso es lo esencial, la veracidad de las cuentas", ha subrayado.
Ha contestado el diputado del grupo popular Eloy Suárez, que ha criticado que algunos partidos "para tapar sus vergüenzas" hayan sacado a colación el caso Bárcenas.
"Dejan en mal lugar al tribunal, diciendo que no hace bien sus deberes y su trabajo de fiscalización", ha lamentado.
Por su parte, el senador de CiU, Ferrán Bel, ha justificado el patrimonio neto negativo de CiU en 2011, porque se trata de una coalición electoral, sin patrimonio propio y que se financia exclusivamente con subvenciones procedentes de esos comicios.
En el capítulo de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas pide la regulación de las funciones y obligaciones del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos políticos, con la finalidad de reforzar la transparencia y el control de sus cuentas.
También recomienda crear un registro de las fundaciones vinculadas a los partidos para facilitar su identificación y control, así como establecer el deber de colaboración de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las entidades financieras.
Algunos de estos asuntos, ha recordado Álvarez de Miranda, ya están previstos en el anteproyecto de ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobado el pasado 13 de diciembre en Consejo de Ministros.
