La duodécima jornada del denominado "juicio de los trajes" ha supuesto el fin de la "pesadilla" de tres años de investigación policial y judicial para el exresponsable de Milano José Tomás, y la declaración de diez altos cargos de la Administración, cuatro de ellos imputados en una causa matriz.
La sesión de hoy, únicamente matinal ha sido la primera de todo el proceso en la que se ha cumplido el calendario de declaraciones previsto, pese al retraso acumulado. Durante la misma, el expresident de la Generalitat Francisco Camps ha sido advertido en varias ocasiones por el presidente de la sala, Juan Climent, para que reprimiese sus gestos de protesta y guardase silencio.
En la segunda parte de su declaración como testigo tras las siete horas de ayer, Tomás ha afirmado que tenía "orden" de los supuestos cabecillas de la red Gürtel Pablo Crespo y Álvaro Pérez "el Bigotes" de que a clientes como Camps "no se les cobrara" por los encargos realizados.
José Tomás, que ayer negó que fuera sastre, como es conocido en esta causa, ha señalado que Camps no firmó nunca ningún comprobante de haber recibido alguna de las prendas.
En su testimonio ha vuelto a afirmar que las prendas supuestamente regaladas al expresident y a Ricardo Costa las pagaba "siempre" Pablo Crespo.
Al abandonar el Palacio de Justicia ha afirmado que su "pesadilla" personal ha acabado hoy tras testificar y que no desea saber "absolutamente (nada) más" del caso Gürtel.
LA CAJERA AFIRMA QUE LAS PRENDAS SE ANOTARON EN LAS CUENTAS DE PÉREZ Y CRESPO
Tras él ha declarado la cajera Ana Belén Luque, que trabajó en Milano entre 2003 y 2006 y en Forever Young más tarde, y ha afirmado que ni Camps ni Costa pagaron sus prendas y que estas se anotaban en cuentas de Pérez y Crespo.
Ha reconocido los documentos de venta que le ha mostrado la fiscalía y la acusación popular y los ha relacionado con dos inventarios de deudas pendientes que se elaboraron en 2006.
Tras esta exempleada de las tiendas de ropa han declarado de forma ininterrumpida diez altos cargos o ex responsables de la Agencia Valenciana de Turismo y la Conselleria de Turismo.
Por orden de intervención han desfilado María Victoria Palau, Jorge Miguel Guarro, Juan Bover, Isaac Vidal, María José Argudo, Dora Ibars, Isabel Villalonga, Milagrosa Martínez, Carlos Alberto Preciosos y Jorge Juan Muñoz.
El presidente del tribunal ha declarado impertinentes las preguntas formuladas por las defensas sobre la posible influencia de los procesados en contratos públicos. Climent ha considerado improcedentes e irrelevantes estas cuestiones y ha estimado que no afecta al derecho de la defensa "preguntar por algo de lo que no se acusa".
Por contra, los letrados de la defensa han aludido a que las conclusiones de la Fiscalía consideraban que Camps y Costa podían "desplegar influencia" en relación a intereses económicos de la trama corrupta.
La inadmisión de estas cuestiones ha soliviantado al expresident Camps, que ha empezado a gesticular y a realizar comentarios de rechazo desde el banco de los acusados y ha sido advertido hasta en tres ocasiones por Climent. "Camps, guarde silencio, por favor. Guarde silencio o lo tendré que echar de la sala -ha reiterado-, si quiere hablar con su abogado hágalo en silencio y que no le escuche nadie", ha manifestado Climent, tras lo cual Camps se ha levantado y ha realizado unas indicaciones al oído de su abogado.
Instantes después, el magistrado presidente le ha rogado "una vez más" que "no haga gestos ni hable, y mucho menos delante del testigo o del jurado", y también ha pedido al público presente que se abstuviese de saludar a los acusados.
En sus declaraciones, los testigos de la Administración han asegurado que las contrataciones de la Agencia Valenciana de Turismo o de la Conselleria no dependían de Presidencia ni del PP valenciano, que en su mayoría no conocían a Álvaro Pérez y que, en consecuencia, éste no les indicó que tuviese buena relación con Camps.
A pesar de que Guarro, Vidal, Ibars y Martínez están imputados en una causa matriz con cargos entre los que figuran los delitos de supuesta financiación ilegal del PP, prevaricación, malversación de fondos y cohecho, solo la exconsellera y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez se ha negado a declarar acogiéndose a esta condición.
