La Sala del 61 del Tribunal Supremo celebrará una vista pública para estudiar las demandas en las que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden que se impida la inscripción de Sortu en el registro de Partidos Políticos, al considerar que la nueva formación es continuación de la ilegalizada Batasuna.
Los 16 magistrados que conforman esta sala especial se reunirán a partir de las diez y media de la mañana y decidirán al inicio de la vista qué pruebas de las solicitadas por las tres partes serán admitidas a estudio.
Entre las citadas pruebas se encuentra la declaración, a petición del Ministerio Público y del Gobierno, de los peritos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que elaboraron los informes que han servido como base a las demandas de ilegalización de Fiscalía y Abogacía del Estado.
Sortu ha solicitado, por su parte, que se libren oficios a la Audiencia Nacional, la cárcel de Aranjuez y la Unidad Central de Inteligencia para recabar determinados datos que consideran fundamentales para ejercer su defensa. En previsión de que estas dos pruebas sean aceptadas el alto tribunal ya ha citado a los testigos-peritos y ha cursado los oficios, han informado fuentes del alto tribunal.
Esta previsto que la denominada Sala inicie su deliberación inmediatamente después de concluirse la vista pública sin que se haya fijado un plazo concreto para la emisión del fallo. Además, el alto tribunal ha habilitado todos los fines de semana del mes de marzo por si fuera necesario extender las deliberaciones.
ARGUMENTOS DE LOS DEMANDANTES
En sus demanda, la Abogacía del Estado considera que el intento de constitución de Sortu "forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal". Añade que las alusiones realizadas en los estatutos de Sortu a su desvinculación con la banda terrorista no son suficientes.
Entre las pruebas en contra de la inscripción de Sortu, la Abogacía cita el hecho de que una de las promotoras del nuevo partido, Mariné Pueyo, se negara como concejala de ANV a condenar el asesinato, en marzo de 2008, del concejal socialista Isaías Carrasco, y que rechazara suscribir una moción de condena del terrorismo que fue aprobada por el Pleno de Pamplona el pasado 18 de febrero.
Los Servicios Jurídicos del Estado también se referirán a la falta de reacción de Sortu ante la reciente detención de cuatro miembros de ETA que almacenaban casi 200 kilos de explosivos.
INDICIOS SOBRE LOS PROMOTORES
Otros datos aportados por la Abogacía vinculan a tres de los promotores del nuevo partido abertzale con ETA o sus actividades. Se trata de Sonia Respaldiza, que aparecía en los papeles de "Susper" como aspirante a ETA; José María Compains, cuyo hijo está encarcelado por pertenecer a EKIN y José Javier Artola, titular de una cuenta corriente en la que se recaudaba dinero para presos de ETA.
La Fiscalía, además de insistir en los incidios contra los tres promotores señalados, defiende que ETA se encuentra en el origen mismo de la creación de Sortu. Considera que incluso impulsó su lanzamiento desde la primavera de 2008, momento en el que la banda ya consideraba "imprescindible" crear "otra referencia institucional y política" para la izquierda abertzale, según la documentación aportada en la demanda.
Reconoce también el Ministerio Público la "eficacia sanadora" que habría tenido una manifestación "inequívoca, firme y definitiva" de rechazo de la acción violenta de ETA por parte de la nueva formación política, que a juicio de esta parte no se ha producido.
Entre otros indicios, la Fiscalía apuntará a un acto de Sortu celebrada en el Club de Amigos de la Unesco en el que la persona que actuó como portavoz, Iñaki Zabaleta, utilizó expresiones muy parecidas a las que utilizaran en su momento las candidatas del ilegal Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), así como el hecho de que el responsable de comunicación de Batasuna, Mikel Ansa, participara en la organización del acto público de presentación del partido en Bilbao.
Los abogados de Sortu, por su parte, defenderán ante la Sala que la legalización de Sortu supondrá el fin de la violencia en el País Vasco porque conllevará "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad", según señalan en su escrito de alegaciones a las demandas
