La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha declarado incompetente para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos en Andalucía referida a la implicación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves , José Antonio Griñán y otros dos exconsejeros de la Junta en una presunta prevaricación administrativa.
La decisión se ha adoptado tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados la renuncia a su escaño del exconsejero andaluz e imputado José Antonio Viera, lo que deja la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y el cuarto investigado, el exconsejero Gaspar Zarrías.
En consecuencia, el alto tribunal remite las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la unión de lo hasta ahora actuado a las diligencias que allí siguen para la investigación de los hechos.
En dicho órgano, cuyo titular es ahora la juez María Núñez Bolaños, aún está pendiente de establecerse el reparto de las investigaciones entre ésta y su antecesora, Mercedes Alaya, que sigue en él de refuerzo.
PRIVILEGIO PROCESAL
En su auto, la misma Sala que admitió la competencia en noviembre de 2014 dice ahora que la inmunidad parlamentaria, "como privilegio procesal que es", debe ser interpretada con carácter taxativo y restrictivo.
Además de acreditar la renuncia como diputados de Chaves, Zarrías y Viera, y tras dejar Griñan su escaño en el Senado, el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la norma establecida por la propia Sala de lo Penal en diciembre pasado para que sea el auto de apertura de juicio oral es el que determine si un caso ya sin aforados termina juzgándose o no por el Supremo. En este procedimiento aún no se ha llegado a este punto, por lo que la causa se remite a Sevilla.
Ya la semana pasada, y pese a no tener aún comunicación oficial por parte del Congreso de la renuncia de Viera, el Supremo decidió suspender su estudio sobre el recurso de Griñán contra su auto de imputación.
Durante la tramitación de este asunto en la cámara alta han venido a declarar, además de los cuatro antes aforados, la exconsejera Mar Moreno, también senadora y respecto de la cual se archivaron las actuaciones. Todos ellos negaron tener responsabilidad, y ni siquiera conocimiento del reparto de las ayudas sociolaborales investigadas.
RESPONSABILIDAD DE AFORADOS
El pasado 25 de junio el intructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, acordó proceder contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
El juez abrió una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera -al que también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentró delito.
Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor elevó a través de su auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados. Todos estos documentos llegarán ahora al juzgado Sevillano.
En ambos documentos, el instructor analizaba el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.
El juez relató en sus escritos cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
Además de detallar la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales el juez recogía las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.
Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que según el Jorque Barreiro, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Es decir, se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas.
El magistrado también cuestionaba el desconocimiento que esgrimieron los distintos aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo y recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal ".
