La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa a la diputada de Podemos y juez en excedencia Victoria Rosell por los delitos de cochecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia al admitir parte de la querella interpuesta contra ella por el exministro Soria por irregulares en su forma de instruir un procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario.
El alto tribunal podría citar a la diputada para que, si voluntariamente lo decide, comparezca ante el Supremo como investigada para tener la oportunidad de explicarse antes de que el instructor, el magistrado Juan Ramón Verdugo, proponga pedir el suplicatorio para actuar contra ella o archivar definitivamente el asunto.
Soria acusó a Rosell de haber retrasado una causa judicial en la que estaba implicado un empresario relacionado con su novio. La entonces juez (ahora en excedencia) debió haberse abstenido del asunto por falta de imparcialidad al tener intereses personales en el caso, según la querella.
Estas sospechas han sido apoyadas por el juez que la ha sustituido en su juzgado, lo que a su vez ha sido aprovechado por Soria para ampliar su querella, admitida ahora por el Supremo. La fiscalía consideró que Soria no estaba legitimado para acusar por el retraso y la falta de imparcialidad a Rosell.
Entonces el exministro cambió de abogado (optó por el fiscal del Estado Eligio Hernández), se personó en calidad de acusación popular y amplió la querella, tomando como base el escrito del juez que la ha sustituido.
Ahora el Supremo ha admitido a trámite esa querella y previsiblemente volverá a preguntar al fiscal, que ya se pronunció en contra de la segunda parte de las acusaciones de Soria contra Rosell, por injurias y calumnias, que no han sido admitidas a trámite.
De este modo, resulta clave el escrito que el juez que ha sustituido a Rosell en su juzgado envió al GCGJ y en el que sugería que la actual diputada de Podemos incumplió su deber de abstenerse en la causa. El magistrado Salvador Alba, que sustituye a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, pidió amparo ante el CGPJ, pero aunque luego retiró su solicitud, el Supremo se hizo eco de su escrito.
En ese informe el juez sustituto apunta retrasos "inexplicables" en la investigación en la que está implicado el citado empresario, como no haber dado traslado a las partes de los informes policiales que acusaban al imputado o no haber resuelto en dos años las siete peticiones de fianza existentes en la causa (este juez la ha fijado en 35 millones de euros) o los recursos del fiscal.
En su auto admitiendo a trámite la querella el Supremo señala que "analizados los documentos remitidos a esta sala, los hechos deben ser investigados a fin de esclarecer su verdadero alcance", sin que el archivo del expediente disciplinario que se siguió contra Rosell en el CGPJ deba interferir en el ámbito penal.
La investigación se centrará en si "la demora" en la tramitación de la causa que estuvo en manos de Rosell "estaba relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales" entre su pareja y el empresario implicado, es decir, si Rosell prevaricó para "enriquecer a su pareja".
El Supremo dispone también de otro informe, el del letrado de la Administración de Justicia del mismo Juzgado, que reproduce las declaraciones prestadas en concepto de imputado/investigado por el empresario en cuestión, Miguel Ángel Ramírez. Se trata de un empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas con quien tiene relaciones profesionales la pareja de la juez en excedencia y diputada.
Además, el Supremo le ha pedido al CGPJ que le remita todas las actuaciones disciplinarias que ha desarrollado (y archivado) en relación con los hechos de los que se acusa a Rosell.
El supuesto retraso en la causa en la que pudo tener intereses personales Rosell ya fue denunciado por fiscales de Las Palmas de Gran Canaria y derivó en diligencias disciplinarias en el Consejo General del Poder Judicial, que las archivó. Los archivos de esas diligencias son los que ha pedido el Supremo.
